La Comisión Europea abrió un procedimiento contra España por la presunta infracción de la normativa comunitaria de contratación pública en la adjudicación directa por el Gobierno regional a la empresa Jovellanos XXI del fallido contrato para la construcción del Palacio de Justicia de Oviedo. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la UE consideraba que la ausencia de un concurso público atentaba contra el principio de la libre competencia. El Principado anuló la pasada semana el acuerdo con Jovellanos XXI, y ahora estudia comprar el solar a la empresa de las familias Cosmen y Lago para luego sacar a concurso el proyecto ya aprobado.
La decisión de la Comisión Europea se produjo tras una denuncia de IU, socio de Gobierno del PSOE, y finalmente ha provocado la renuncia del Principado a su idea inicial para aglutinar las sedes judiciales ovetenses. La denuncia advertía de que el acuerdo de arrendamiento de las futuras instalaciones suscrito entre el Principado y la compañía constructora constituía en realidad un contrato de obras encubierto adjudicado sin concurrencia pública. Jovellanos XXI construiría el Palacio de Justicia en el Vasco, para, posteriormente, alquilarlo a la Administración autonómica, que se comprometía a adquirirlo en un período máximo de treinta años. La frustrada operación preveía una inversión de 176 millones de euros, y la superficie estimada del nuevo edificio judicial ascendería a 60.000 metros cuadrados.
La parcela del Vasco ya vio con anterioridad cómo no había fructificado ninguno de los siete proyectos que se plantearon para el solar. El último, tres rascacielos diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava.
La diputada regional del PP Ana Barrientos ha presentado en la Junta una serie de preguntas sobre las causas que han obligado a la anulación del convenio.
