Chus NEIRA
Quien lo expresó de forma más rotunda fue el abogado Gerardo de la Iglesia, dirigiéndose al concejal de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, presente en primera fila al lado de la portavoz de los organizadores, la socialista Paloma Sainz: «Tranquilo, Rivi, que esto no se va a llevar a cabo ni de coña». Su frase es un buen resumen de las conclusiones a las que llegaron ayer los arquitectos Alfonso Toribio y Víctor García Oviedo, el citado abogado y su colega Ana Miralles, la catedrática de Derecho Internacional Público Paz de Andrés y el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, en la jornada organizada por la Agrupación Municipal Socialista para analizar el acuerdo que pretende saldar la deuda de «Villa Magdalena» con un «parking» en Uría. Al margen de los juicios que realizaron sobre todos los problemas (políticos, sociales, urbanísticos o geológicos) que presenta la operación suscrita entre el Ayuntamiento y Comamsa, desde el punto de vista del derecho se argumentó que el documento es inválido al vulnerar la libre competencia, por encubrir de pago en especie la concesión de una actividad económica y ante la indefinición jurídica que presenta la práctica totalidad de los puntos del acuerdo.
Antes de que hablaran los juristas, en un salón de un céntrico hotel de Oviedo donde el PSOE logró un notable éxito de público, abrieron fuego los arquitectos. Alfonso Toribio recordó que los vecinos del centro de la ciudad ya se manifestaron contra la especulación en el Campo en 1860, y concluyó que «la vida imita al arte o la historia da la vuelta». El mayor reparo que expuso es que en el acuerdo «no se prevé reforma alguna del PGOU», lo que, advirtió, sería imprescindible. También denunció que «no hay estudio de tráfico» que demande el aparcamiento ni estudio del subsuelo «que diga que es viable».
Víctor García Oviedo presentó el asunto como un problema de legalidad: «Aunque pudiera haberla de origen para hacer este acuerdo, no hay legalidad de ejercicio, es decir, no es manera de hacerlo», resumió. Desde el ámbito territorial aseguró que «se está generando un problema donde no lo había para no solucionar nada». Y desde el urbanístico, que «no se puede abrir el corazón de la ciudad y no hacer nada más, no aportar nada, está totalmente fuera de escala».
La exposición del problema geológico a cargo de José Antonio Sáenz de Santamaría fue prolija, incluyó mucha diapositiva y sirvió para concluir que los distintos materiales a distintos niveles y la presencia de una falla en Uría «complican la obra, con zonas de difícil cimentación». Recomendó que se hagan pantallas perimetrales para evitar problemas en los edificios de Uría, que la impermeabilización sea total y que la excavación sea subterránea.
Con la catedrática Paz de Andrés comenzó el bloque expositivo de los juristas, que acabó por desmontar, punto a punto, el acuerdo. Paz de Andrés centró el problema en el contexto de las normas comunitarias y atacó la esencia del convenio: «Se presenta como un pago en especie, y eso es posible legal y jurisprudencialmente, pero lo que ocurre aquí es que no es un simple pago en especie, es un pago con una actividad económica específica que, además, se blinda con varias cláusulas; es el pago con subsuelo para hacer un aparcamiento sin el que no se entiende la operación». «En resumen», concluyó, «el Ayuntamiento le monta el negocio que Comamsa quería, y eso, conforme a las normas de la UE, no se puede hacer, vulnera la libre competencia, el libre establecimiento o el principio de discriminación». Paz de Andrés juzgó la cláusula que excluye del acuerdo la ejecución de obra pública de «maniobra de distracción» y recomendó acudir también a la Dirección General de la Competencia de la UE.
La abogada Ana Miralles cargó contra la indefinición jurídica de todo el documento. «Ni siquiera creo que sepan cómo calificarlo», argumentó, «se habla de convenio, pero se dice que no es un convenio urbanístico; ¿es un contrato?, ¿es un ente público que enajena? Las imprecisiones son tales que afectan hasta al título». Miralles puso en duda que el acuerdo, lleno de cláusulas cuyo incumplimiento dejaría sin efecto la totalidad, cumpla con la finalidad que señala: la de poner fin al proceso expropiatorio. También negó que, como se argumenta, el acuerdo sea de interés público, por resultar muy oneroso pagar el justiprecio, «pues igual de oneroso o más es este acuerdo, ya que ni siquiera sabemos, porque no se dice, cuántos metros cuadrados se están cediendo».
El abogado Gerardo de la Iglesia abundó sobre algunos de estos asuntos, tras recomendar como lema contra el acuerdo «Oviedo, por encima de todo», y para concluir que se plantee inmediatamente un auto de medidas cautelares para parar el proceso. De la Iglesia hizo un poco de historia, resumió el largo proceso de quince años, indicó que en su día el Ayuntamiento no consignó el justiprecio a pesar de haberlo aprobado en Junta de Gobierno, «porque alguien decidió que "ni consigno ni pago", y es casi textual». Para Gerardo de la Iglesia, el acuerdo falla desde el principio porque resuelve una expropiación que estaba pendiente del pronunciamiento de un tribunal. Denunció también la «indeterminación absoluta» y coincidió con Miralles en que la «prima por convenio» que figura en el documento es algo desconocido en derecho. «Y de lo más guarro».
«No se prevé reforma alguna del PGOU y haría falta para un acuerdo de este tipo»
<Alfonso Toribio >
Arquitecto
«No es pago en especie, paga con actividad, le monta un negocio y eso vulnera la competencia»
<Paz de Andrés >
Jurista
