L. S. NAVEROS
La Sindicatura de Cuentas ha entrado en un terreno pantanoso en su relación con el Ayuntamiento de Oviedo: quiere toda la información sobre la expropiación de «Villa Magdalena», incluida la identificación de los órganos o unidades administrativas que deberían haber ejecutado el acuerdo adoptado en noviembre de 1998 de pagar el palacete. Un acuerdo que, de haberse ejecutado, hubiera evitado que la anterior propietaria, la empresa Comamsa, reclamara una nueva retasación del palacete, lo que disparó su precio a los más de 29 millones actuales.
La Sindicatura pidió esa y otra información sobre «Villa Magdalena» el pasado 5 de mayo, y no ha obtenido aún respuesta del Ayuntamiento. Ayer por la mañana, el organismo fiscalizador asturiano envió un nuevo requerimiento, dando al Ayuntamiento un plazo de 5 días para presentar toda la documentación sobre la expropiación del palacete y el actual acuerdo con Comamsa.
El organismo fiscalizador ha decidido meterse en honduras sobre «Villa Magdalena» para completar un informe iniciado hace más de un año sobre el endeudamiento municipal de 2007, siguiendo la norma de auditoría sobre «hechos posteriores», es decir, la que faculta a los auditores a requerir información posterior que consideran clave para completar la fiscalización. En ese caso, la Sindicatura pretende conocer la cuantía de la deuda generada por la expropiación, que estuvo enredada en pleitos hasta hace escasas semanas, cuando Comamsa y el Ayuntamiento pactaron un precio, 29 millones de euros, para el chalé, y alcanzaron un acuerdo para pagarlo en especie. La polémica expropiación se pagará, según este acuerdo, con la cesión del subsuelo del entorno del Campo San Francisco para la construcción de un aparcamiento subterráneo de 1.500 plazas, además de la parcela del estacionamiento en superficie del centro comercial Los Prados, que se recalificará para viviendas.
La petición de la Sindicatura llega en un momento muy delicado, cuando ha comenzado a organizarse una campaña ciudadana contra el acuerdo, a través de asociaciones vecinales y sindicatos, y cuando los dos partidos de la oposición, PSOE y Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, han anunciado diversas acciones para intentar paralizar el acuerdo: ASCIZ ha iniciado una campaña de recogida de firmas -hoy a las 12,00 horas estarán en el Paseo de Los Álamos- para reclamar la declaración del Bien de Interés Cultural para el Campo, en la categoría de jardín histórico. Además, la próxima semana, el portavoz de ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos, irá a Bruselas para formalizar una denuncia ante la Comisión Europea, que ya ha recibido otra de IU-Los Verdes y CC OO. Por su parte, el PSOE ha encargado un informe jurídico al catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, para orientar las acciones legales que adoptará contra el acuerdo con Comamsa.
Además, en el seno del propio Ayuntamiento hay abierta una investigación para aclarar si hubo negligencia en la gestión de la expropiación, un expediente que instruye la concejala de Servicios Sociales, Belén Fernández Acevedo, que debe informar, entre otros asuntos, sobre porqué no se pagó el justiprecio del palacete en 1998, pese a que así lo había acordado la Comisión de Gobierno.
El organismo fiscalizador tiene en marcha dos informes sobre el Ayuntamiento de Oviedo: uno sobre el Patrimonio Municipal de Suelo, que está ya en su recta final, tras pasar el periodo de alegaciones del Consistorio, y otro sobre el endeudamiento, dentro del plan de auditar la deuda y la contratación de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes y Cangas de Narcea, del año 2007. Es en este análisis en el que se ha pedido información complementaria sobre «Villa Magdalena». Se espera que el informe provisional, previo a las alegaciones que pueda presentar el Ayuntamiento, sea examinado por el Consejo de la Sindicatura en las próximas semanas, julio como muy tarde. Posteriormente, el Ayuntamiento podría presentar alegaciones, que serán estudiadas antes de su aprobación o rechazo por el Consejo del organismo asturiano.
La fiscalización de los ayuntamientos asturianos fue aprobada en una reunión del Consejo de la Sindicatura celebrada en diciembre de 2008, en la que el Síndico Mayor, Avelino Viejo, propuso que se incluyeran los municipios en los programas anuales de auditorías. Ante la falta de medios materiales para hacer una inspección más amplia, se aprobó finalmente fiscalizar algunos aspectos de la gestión de los municipios más grandes (Oviedo, Gijón y Avilés) y uno de cada ala de la región, la oriental y la occidental, a propuesta de la síndico Mercedes Fernández.
