Isabel BALLINA

El retraso en la entrega de las viviendas protegidas de Las Campas y Villafría puede acabar en la fiscalía. Roberto Sánchez Ramos, concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), se reunió ayer con algunos de los afectados y dio su palabra de que si el Principado no soluciona la cuestión en una semana lo llevará a la fiscalía. Sánchez Ramos denunciará la petición por parte de la empresa constructora de un aval económico a los adjudicatarios para entregarles sus pisos. En total son ya 257 familias.

El concejal entiende que la constructora Imasatec «está negando a los afectados el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional», puntualizó.

En opinión del portavoz de ASCIZ el proceso fue así: la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (IU) hace pública una convocatoria para familias que no tienen recursos y la constructora crea una norma propia que no había sido contemplada en la convocatoria, dejando fuera a muchas de esas familias».

La adjudicación, además, «era firme y en función de unos baremos socioeconómicos que Vivienda se encargó de revisar», por lo que con las 157 cartas enviadas «rompe con lo establecido», afirma el concejal.

Roberto Sánchez está tratando que en la Consejería le den una explicación porque «la Administración es quien tiene que responder», explica.

Por ahora, Vivienda asegura que está investigando y recabando pruebas que les faciliten los afectados, para determinar si la constructora incumplió los términos de la convocatoria pública, y, en ese caso, decretar «las sanciones económicas oportunas».

Roberto Sánchez Ramos intentó ponerse en contacto telefónico con algún responsable de la Consejería de Vivienda, pero no lo logró, así que optó por enviar un fax para instar a la Administración a que convoque «con urgencia» una reunión con las familias afectadas.

Además, Sánchez Ramos da un ultimátum: «Si no hay respuesta en el plazo de una semana nos reuniremos con abogados expertos en el tema», porque insiste en que este problema «es para llevarlo a la fiscalía» .

El concejal, también, aconsejó a los perjudicados con los que se reunió que las 257 familias se constituyesen como asociación de afectados «para hacer fuerza conjuntamente».

Los motivos de este problema los tiene claros. «La empresa Imasatec lo que quiere es recuperar dinero ya que cada familia tendrá que abonar entre 1.000 y 1.100 euros. Lo que intenta es hacer caja» concluyó Roberto Sánchez.