L. S. N.

El titular del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo, José Manuel Raposo Fernández, protagonizó una polémica actuación que fue recogida por los medios de información regionales y nacionales, cuando ejercía su cargo en Castropol. Llegó a ser sancionado en 2004 por el Consejo General del Poder Judicial, por supuestas amenazas al responsable de la Inspección Técnica de Vehículos de Jarrio, al que exigió el pago de 18.000 euros por presuntos daños a su vehículo, de 1975, y que había suspendido el examen técnico. El caso fue sancionado con dureza, como falta grave, por el Consejo General del Poder Judicial, que le suspendió de sus funciones durante un año. El magistrado, que entonces contaba 44 años, llevó el caso al Tribunal Supremo, que finalmente anuló la sanción impuesta por el CGPJ, porque había «caducado». El fallo judicial obligó a abonarle el dinero que había dejado de percibir durante su suspensión y a respetarle la antigüedad en el escalafón. El juez decidió entonces presentar al Consejo General del Poder Judicial una reclamación de 60.000 euros por daños y perjuicios.

El juez Raposo ingresó en la carrera judicial en 2002, por el tercer turno, y estuvo destinado en Castropol. Posteriormente, ejerció sus funciones en Avilés, y en la actualidad es titular del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo. En este cargo, dictó recientemente una sentencia que obligó a cerrar la discoteca Morgana, en la calle Cimadevilla, por los ruidos que ocasionaba en una vivienda vecina. El juez consideró en esta ocasión que el cierre del establecimiento de ocio nocturno era la única medida eficaz para garantizar los derechos del matrimonio denunciante, que llevaba 12 años luchando contra la discoteca.