L. S. NAVEROS
L. S. N.
La fiscalía anticorrupción ha comenzado a tramitar el «caso Villa Magdalena», reclamando al Ayuntamiento de Oviedo toda la documentación sobre el complejo proceso expropiatorio. El Consistorio ovetense ya ha remitido el expediente completo, que supera los 1.500 folios. En la documentación se ha señalado expresamente cuáles son los informes de los técnicos municipales que sirvieron de base para la valoración de los bienes que se entregarán a la empresa Comamsa, anterior propietaria del palacete de avenida de Galicia, para saldar la expropiación. La ausencia de valoraciones es uno de los extremos que denunció la oposición municipal, que considera que los informes técnicos que están en el expediente son insuficientes.
La expropiación de «Villa Magdalena» llegó a la fiscalía anticorrupción por iniciativa del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, que le remitió el caso para que investigara posibles ilegalidades en la expropiación del chalé.
De forma simultánea, el caso fue enjuiciado por el Tribunal de Cuentas, que no encontró ninguna irregularidad contable tanto en la expropiación como en el convenio con el que se pretende saldar el proceso, que incluye la cesión del subsuelo de las calles del entorno del Campo San Francisco y de la Escandalera para la construcción de un aparcamiento privado de 1.500 plazas.
El auto que archivó el caso en el Tribunal de Cuentas fue recurrido tanto por el Grupo municipal Socialista, entonces encabezado por Paloma Sainz, como por la fiscalía del alto tribunal. Este recurso, que firma el fiscal Javier Pérez Ongoz, se basa fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es el desconocimiento de cómo se ha desarrollado el convenio firmado hace más de un año por el Ayuntamiento de Oviedo y Comamsa, si ha sido o no impugnado, si está vigente y, en especial, si hay una «valoración pericial de los terrenos públicos ofrecidos como pago del precio, que determinaría la existencia de un equilibrio entre los bienes permutados», un aspecto que ahora quiere despejar el equipo de gobierno municipal ante otra instancia del ministerio público anticorrupción.
La segunda de las razones que se exponen en el recurso tiene que ver con la forma en que se instruyó esta investigación en el Tribunal de Cuentas, ya que no se practicaron diligencias adicionales que había solicitado la fiscalía. Por ello, reclama que se nombre un delegado instructor y que se practiquen esas diligencias.
La expropiación y el convenio serán, pues, analizados ahora tanto por anticorrupción como por el propio Tribunal de Cuentas, cuya sala evaluará si revoca o mantiene el auto de archivo del ponente. El convenio, que sigue su tramitación, ha sido impugnado, además, ante el Juzgado de lo contencioso.
La accidentada expropiación de «Villa Magdalena» no sólo está enredada en numerosos procesos judiciales, también se enfrenta ahora a un escenario político que complica su desarrollo.
El PP tendrá que defender este proyecto en minoría, ya que los otros tres partidos que han obtenido representación municipal en las últimas elecciones han hecho de la paralización del plan de Uría la piedra angular de sus programas electorales. Tanto Foro Asturias como el PSOE e IU exigen la paralización del convenio para ceder el subsuelo del entorno del Campo. Aunque el convenio ya está aprobado y la tramitación administrativa en marcha, la posición política del PP es mucho más comprometida. El equipo de gobierno, sin embargo, da por seguro que sólo los tribunales lo pueden tumbar.
El fiscal del Tribunal Supremo, Eduardo Fungairiño, ha informado favorablemente la admisión a trámite de la querella criminal de la ex secretaria general de la Sindicatura de Cuentas, Rosa Zapico, contra el concejal y diputado del PP, Jaime Reinares, por presunta revelación de secretos, calumnias e injurias.
El caso debe ser instruido en el Tribunal Supremo por afectar a un diputado nacional, que es aforado. Con el informe del fiscal, el alto tribunal español debe decidir ahora si encausa a Reinares, que difundió públicamente un dossier con 54 correos electrónicos robados de la cuenta de Gmail de Zapico, y por acusarla ante los periodistas de haber participado en una trama para crear el «caso Villa Magdalena», cuando era la máxima funcionaria del órgano fiscalizador asturiano.
El caso de los correos robados reventó en la precampaña electoral, después de que la Sindicatura de Cuentas, organismo regional encargado de fiscalizar a las administraciones públicas, enviara un informe provisional al Tribunal de Cuentas pidiendo que se abriera un enjuiciamiento por presunta responsabilidad contable en la expropiación de «Villa Magdalena». El fiscal del Tribunal de Cuentas respaldó el enjuiciamiento, y además remitió el expediente a la fiscalía anticorrupción.
Así las cosas, el caso dio un giro cuando Reinares, en rueda de prensa, hizo públicos correos internos cruzados entre la entonces secretaria general de la Sindicatura, Rosa Zapico, el fiscal del Tribunal de Cuentas, y responsables del PSOE asturiano, como Javier Fernández. Reinares acusó al PSOE de utilizar a la Sindicatura para crear un falso «caso Villa Magdalena» en periodo preelectoral. Los correos, presuntamente, habían sido robados de la cuenta de Gmail de Zapico, por una persona anónima que firmaba «Voxpopulis», y enviados a Reinares y al Alcalde.
