Pablo GONZÁLEZ

El juez ha anulado el calendario laboral de la Policía Local de Oviedo del año 2011 tras una reclamación presentada por el sindicato UGT. La sentencia dictada por Juan Carlos García, magistrado del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo, considera que el responsable del servicio, en este caso el jefe de la Policía Local, Agustín de Luis, debería haberse sentado con los trabajadores a negociar el calendario. Pero, tal y como denuncia la sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Consistorio ovetense, el calendario se fijó «de manera unilateral» por la jefatura del cuerpo policial cuando el auto judicial afirma que la negociación es «exigible». La sentencia puede ser recurrida ante el TSJA.

De todas formas, la decisión judicial va a tener pocos efectos prácticos debido a que el calendario ya ha sido cumplido y el año 2011 se ha acabado. Por eso, UGT solicita a Agustín Iglesias Caunedo, alcalde y responsable del área de Seguridad Ciudadana, «la exigencia de responsabilidades dentro del seno de la Policía Local». El sindicato también exige a Iglesias Caunedo que «extreme el control sobre todas las decisiones que se adopten y que puedan afectar al derecho laboral» del personal del cuerpo policial municipal. Es decir, el sindicato confía en que Iglesias Caunedo controle con más firmeza a Agustín de Luis. «Que advierta a la jefatura de la Policía Local de Oviedo, en su conjunto, que se abstenga de fijar de manera unilateral los calendarios laborales anuales, así como cualquier modificación de horario y jornada laboral», pide el sindicato.

La sentencia deja claro que en caso de los calendarios laborales, el Ayuntamiento debe sentarse a negociarlos con los trabajadores. «Se estima que dicha negociación resultaba exigible», reza la sentencia, por lo que «el recurso debe tener acogida».

Pero el juez no ha tenido en cuenta otra de las reclamaciones presentadas por UGT. En la misma sentencia, el magistrado desestima la oposición contra en el traslado a otros puestos de 25 agentes locales sin haberse pactado con los sindicatos. En este caso, el magistrado considera que el Estatuto del Empleado Público ampara al Ayuntamiento para tomar decisiones sin negociación previa, dado que este aspecto lo considera una cuestión de organización interna de la Administración. Por eso no necesita el visto bueno de los representantes sindicales. Este recurso fallido se planteó contra la orden 363 del comisario principal. En ella se asignaban destinos en las escalas de mando y técnica, modificaba el destino de varios agentes de la escala básica e incluía la modificación de la Policía Judicial y la unidad de movilidad. UGT estudia si recurrir esta decisión judicial.

Esta sentencia, que da una de cal y otra de arena al Ayuntamiento, supone un nuevo capítulo de las constantes pugnas entre buena parte de la plantilla de la Policía Local y sus mandos, encabezados por el jefe de la Policía Local, Agustín de Luis Criado. «En el área de Seguridad Ciudadana nos encontramos con situaciones que no se dan en otro departamento del Ayuntamiento», denuncia Benigno Suárez, responsable del sector de policías locales la FSP-UGT.

Hace un año que el rellano de la casa de uno de los agentes que mantenía abierto un proceso judicial contra sus mandos, por los cambios en los turnos de trabajo, apareció lleno de pintadas amenazantes. «Rojo de mierda», «Puto rojo» o «Rojo cabrón» son algunas frases de las pintadas. El «cuadro» lo completaba una diana cuyo centro coincidía con la mirilla de la puerta de entrada a la vivienda del policía.

Los sindicatos, en este caso UGT, mantienen abiertos otros frentes judiciales contra la política de personal ejercida por los responsables de la Policía Local. Uno de ellos está relacionado con la imposibilidad de los agentes de acudir a cursos de formación en horas de servicio. «Esto supone que si el curso coincide cuando están trabajando, no pueden ir», denuncia Benigno Suárez. Otra pasa por la orden dada para que determinados agentes descansen en días que no les corresponden, «rompiendo así los cuadrantes establecidos previamente sin justificación alguna», sentencia Suárez.