Pablo GONZÁLEZ

«Confío en que tengan algo de corazón». Lo dice Carmela R. H., la cartera de Oviedo condenada a tres años de cárcel por no entregar un certificado y rellenar ella misma el acuse de recibo, a la espera de conocer lo que ocurrirá con el indulto que ha solicitado y que tendrá que estudiar el Consejo de Ministros. Carmela asegura que desde que el Tribunal Supremo confirmó la pena que le impuso la Audiencia Provincial «estoy fatal» y que «sufro ataques de ansiedad y taquicardias» cuando se imagina entrando en la prisión de Villabona. «Estoy fatal», resumía ayer tras la concentración ante la puerta de la central de Correos, en la calle Alonso Quintanilla, en la que participaron más de cien de sus compañeros para solicitar su indulto.

Y es que la cartera reconocía que «nunca pensé que iba a llegar a esta situación». Carmela nunca podrá olvidar el día que se enteró de que tenía que enfrentarse a un juicio por vía penal acusada de falsedad en documento oficial. «No sabía de lo que me estaban hablando», rememoraba. «Me quedé alucinada porque no me acordaba de aquello», añadía, mientras repetía «todavía no me lo creo, todavía no me lo creo». Pero si algo preocupa a esta funcionaria de 51 años, con más de 20 de servicio y viuda de otro cartero, es qué pasará con su hijo adolescente si al final el Gobierno no tiene en cuenta su petición de indulto. «No sabe nada. Aunque anda un poco mosqueado», explicaba. Carmela hace cálculos y confía en que, al menos, los tribunales decidan suspender la ejecución de su condena hasta conocer si el signo del indulto es positivo o negativo, para que así su hijo pueda acabar el curso sin sobresaltos. «Estudia muy bien y estoy segura de que si se entera de todo lo que está pasando su rendimiento va a caer», analizaba. Por eso no le cabe duda de que «si tengo que entrar en la cárcel la vida se la van a destrozar más a él que a mí». Carmela espera al menos que estimen parcialmente el indulto y que le reduzcan por lo menos la pena un año. Esto le permitiría pedir la suspensión de la condena y no tener que entrar en prisión al carecer de antecedentes penales. Otra cosa es la inhabilitación a la que se enfrenta. Pero esto es lo que menos le preocupa ahora. «Ya me las apañaré si tengo que estar tres o cuatro años sin trabajar. Buscaré otra cosa o volveré al pueblo», aseveraba. Mientras, se mostraba emocionada y «muy contenta» del apoyo que está recibiendo de sus compañeros.

Éstos llevan semanas recogiendo firmas para lograr el indulto de Carmela. Según las cifras que maneja el Sindicato Libre de Correos, al que pertenece la funcionaria y que lidera Antonio Santiago, ya se han logrado 3.901 firmas. En la página web peticionpublica.es puede seguir firmándose en apoyo a la mujer. «Puede que haya cometido un error, pero la sentencia es desmesurada», explicaba Santiago, que añadió que Carmela cometió este error «sin mala fe» y prueba de ello es que no entregar el certificado no supuso para ella ganancia alguna. Además, la carta que anunciaba a un ciudadano que el Ministerio de Justicia le había denegado un abogado de oficio para un juicio por desahucio llegó a la oficina de Correos días después de la celebración de la vista, por lo que se supone que no hubo perjuicio.