Pablo GONZÁLEZ

Los compañeros de la funcionaria de Correos condenada a tres años de prisión por no entregar una carta certificada en la Tenderina han recogido ya más de 1.300 firmas que será adjuntadas a la petición de indulto que en los próximos días será enviada por sus abogados al Ministerio de Justicia. El Sindicato Libre de Correos, organización a la que pertenece la trabajadora, hace tiempo que comenzó a recoger las firmas de apoyo en previsión de que el Supremo, tal y como así ha sido, confirmara la sentencia dictada por la Audiencia de Oviedo en la que se condena a la funcionaria por falsedad en documento oficial.

Los responsables del sindicato están a la espera de mantener una reunión con el resto de las centrales con representación en Correos para lograr su apoyo para llevar a cabo alguna otra medida reivindicativa en favor de su compañera. De todas formas, mantienen abierta la campaña de recogidas de firmas. Muchas de las que ya tienen han sido remitidas desde distintos puntos de España. La representación legal de la funcionaria tiene previsto solicitar la suspensión de la condena hasta que se sepa la decisión del Gobierno central sobre el indulto, ya que, entre otras cosas, la cartera posee una larga trayectoria profesional en Correos y no cuenta con antecedentes penales.

«Es un tema que nos trae de cabeza», reconocía ayer Antonio Santiago, secretario general del Sindicato Libre de Correos en Asturias sobre la situación en la que se encuentra la mujer, viuda, sin familia en la región y con un hijo adolescente, y por la puerta que abre esta sentencia a otras posibles reclamaciones similares.

Y es que parte de la condena se funda en que fue la propia cartera la que rellenó el acuse de recibo de una carta certificada que el denunciante nunca llegó a recibir. «El 90 por ciento de los carteros rellenan ellos mismos los datos del acuse de recibo para ir ganando tiempo», explicaba Santiago. Los hechos se produjeron en noviembre de 2003. En abril de 2008 el vecino que no recibió la carta presentó la denuncia. Solicitó una indemnización de 30.000 euros que le fue denegada, tanto por la Audiencia como por el Supremo.