IU reclama una inspección catastral en el concejo para evitar fraudes en el IBI

El grupo municipal de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba propone, en una moción al Pleno que se celebrará mañana, la contratación de una empresa especializada para inspeccionar las edificaciones del municipio, y pide que se ponga «especial atención» a aquellas que hayan podido ser remodeladas y que de ese modo hayan incrementado su valor pero no estén pagando el correspondiente IBI. IU apela, además, a la «colaboración de la Gerencia Catastral para que intensifiquen su labor inspectora» en el municipio.

El grupo de la oposición pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Oviedo y la Gerencia del Catastral localizaron en la zona rural ovetense, como informó LA NUEVA ESPAÑA, construcciones ilegales por valor de 65 millones de euros, lo que reportará unos ingresos en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de medio millón de euros.

«En nuestro municipio existen viviendas que pudieran no estar dadas de alta, y otras, muchas, que constan con valores catastrales muy bajos, pues figuran como viviendas muy viejas pero que hoy en día se han rehabilitado e incluso ampliado», expone José Luis Martínez Suárez, portavoz de IU, y cita expresamente la vivienda del alcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García, que, según refiere, «figura con un valor catastral de 12.613,94 euros, abonando una cuota de 86,26 euros, algo a todas luces injustificable dado el tipo de vivienda que es actualmente». Una inspección a fondo, agrega, daría con «casos sangrantes».

Por otro lado, el PP, a través del portavoz de su grupo municipal, Pablo García, denuncia que el equipo de gobierno aprobará una nueva liquidación presupuestaria, la de 2011, con un déficit de 211.076,73 euros.

Plantea, además, que se concrete cuál es el gasto plurianual autorizado para la gestión del Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño, para conocimiento de las cinco empresas que concurrirán a su adjudicación, seleccionadas por el Ayuntamiento, y pregunta cuáles han sido los criterios aplicados para esa elección.

García critica que se haya facturado más de 5.500 euros en la contratación de mano de obra de rastrillado y extendido de tierra.