Pablo GONZÁLEZ

Una compañía de telefonía móvil tendrá que pagar a un usuario ovetense 1.000 euros en concepto de indemnización por daños morales tras incluirlo en un registro de morosos por una deuda de 100 euros, después de que el cliente se negara a pagar la penalización por cambiarse de operadora antes de que finalizase su contrato de permanencia. Así lo ha decidido el Juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo en una reciente sentencia que ha estimado parcialmente la demanda presentada contra Vodafone por el perjudicado, el abogado Alberto Zurrón.

El detonante de esta sentencia, que ya es firme, se encuentra en la decisión del abogado de cambiar de compañía en febrero de 2008 por el mal funcionamiento del teléfono que había adquirido meses antes. Tras el cambio, la compañía le envió una factura en la que le reclamaba la facturación del mes anterior y 100 euros por romper el contrato de permanencia. El demandante sólo pagó la parte correspondiente a las llamadas. Tres años y medio después (a finales de diciembre de 2011) recibió una notificación que le advertía de que había sido incluido en un fichero de morosos por una deuda de 110,69 euros.

Por un lado, el juez considera «improcedente» la deuda, ya que la compañía -que no se presentó al juicio, una práctica habitual en este tipo de asuntos- no demostró la existencia del contrato de permanencia. En su fallo, el magistrado Daniel Rodríguez Antúnez se hace eco de la ley de Consumidores y Usuarios, que prohíbe aquellas cláusulas que «excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato». El juez también pone de manifiesto «la arbitrariedad y falta de rigor» de la compañía a la hora de cuantificar la deuda, ya que primero solicita 100 euros y luego 110,69, un aumento que no coincide con el IVA.

El magistrado tiene en cuenta que la inclusión en una lista de morosos del demandante sin una decisión judicial previa es «particularmente grave y perniciosa», por lo que considera que se trata de «un manifiesto quebranto a su derecho al honor». De esta forma, el juez anula la deuda que reclama la telefónica y la condena a pagar 1.000 euros en concepto de perjuicios morales. Zurrón asegura que un día después del juicio recibió una carta de la compañía alegando que «todo había sido un error y que me iban a devolver el dinero. Un dinero que nunca había pagado, lo que demuestra el descontrol que tienen». El abogado prepara una demanda colectiva por el mismo tema contra las operadoras a nivel nacional.