12 de febrero de 2013
12.02.2013

Los jueces inician la paralización de los desahucios a la espera de la Unión Europea

El Juzgado número 6 se convierte en el tercero en suspender los desalojos tras parar el de un huérfano que no pudo pagar la hipoteca

12.02.2013 | 01:00
Los jueces inician la paralización de los desahucios a la espera de la Unión Europea

Pablo GONZÁLEZ


Los jueces de primera instancia de la ciudad han comenzado a paralizar las órdenes de desahucio por el impago de las hipotecas a la espera de conocer la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la ley hipotecaria española cumple con los preceptos de la normativa comunitaria que protege los derechos de los consumidores. De momento son tres los juzgados de primera instancia ovetenses que han optado por detener desahucios a la espera de conocer la decisión del TJUE sobre la cuestión prejudicial presentada por un juez de Barcelona y por un magistrado de Catarroja (Valencia). El último que lo ha hecho es el Juzgado de primera instancia número 6. A las decisiones de estos tres juzgados ovetenses se une la del magistrado de la Audiencia Provincial Agustín Azparren -desde hace unas semanas desvinculado de la judicatura para trabajar en un bufete de abogados con sede en Marbella- de paralizar a finales de noviembre del pasado año el desalojo de una pareja en Mieres.


Ahora el titular del Juzgado de instrucción número 6 de Oviedo, el magistrado Antonio Lorenzo Álvarez, ha optado por detener temporalmente la ejecución de una hipoteca que iba a dejar en la calle a un huérfano ovetense de 25 años que había heredado la casa en la que vivía junto a sus padres. En el año 2005 el matrimonio solicitó una hipoteca sobre la vivienda y la reunificación de otras deudas de la familia a través de una financiera. A los pocos meses falleció la mujer y una par de años después, cuando el joven contaba con 23 años, murió el padre.


De esta forma, el joven heredó la casa y la hipoteca, que no contaba con seguro de vida para su cancelación en caso de fallecimiento de sus titulares. Éste pudo hacerse cargo del pago de las mensualidades durante los dos años -de los 23 a los 25- que estuvo cobrando la pensión de orfandad. Luego su sueldo como repartidor de comida a domicilio le impidió seguir haciéndolo hasta acumular una deuda de unos 11.000 euros. El préstamo que la financiera concedió a sus padres fue 71.000 euros y el piso fue tasado en unos 96.000 euros.


El joven, representado por la abogada Ana Taboada, recurrió el procedimiento de desahucio alegando derechos fundamentales como el de tener acceso a una vivienda digna, la emergencia del caso o la alarma social que este tipo de situaciones -algunas de ellas han terminado con el suicidio de varias personas en el momento del desalojo- han generado en todo el país. El juez Antonio Lorenzo Álvarez no tuvo en cuenta estos argumentos porque «no justifican la adopción de la medida interesada (la paralización del desalojo)», ya que «tales argumentos no constituyen causa legal de suspensión del procedimiento». En cambio, el magistrado paralizó el desahucio de este joven huérfano ovetense basándose en la cuestión prejudicial presentada por un Juzgado barcelonés y otro valenciano ante el TJUE. Esta consulta se basa en la posibilidad de que la ley hipotecaria española sea incompatible con la normativa europea de defensa de los consumidores. Por un lado, el tribunal estudia si el sistema de ejecución hipotecario español dificulta la posibilidad de que el ejecutado puede oponerse al proceso. Por otro, está analizando si algunas de las cláusulas de los contratos, como las del suelo hipotecario, pueden entrar en la categoría de abusivas que recoge la normativa de la Unión Europea en materia de defensa del consumidor.


Debido a que la decisión del tribunal europeo es vinculante y definitiva, cualquier decisión que se tome a nivel nacional puede acabar yendo contra la ley si al final el TJUE decide que la ley hipotecaria española tiene lagunas. Y así lo explica el juez en el auto por el que paraliza el desahucio: «La continuación del procedimiento daría lugar a actuaciones nulas y a perjuicios irreparables en el supuesto de un lanzamiento del inmueble».


Desde la Plataforma Stop Desahucios, Miguel Ángel García reconoce que «por parte de algunos jueces ya hay más disposición a paralizar los desalojos». Aunque no todos lo están haciendo. El ex magistrado de la Audiencia Provincial Agustín Azparren cree que el motivo está vinculado a lo sucedido en un caso similar, el de la cuestión prejudicial que él mismo presentó sobre la cuestión de las plusvalías ante el TJUE. En este caso hubo jueces que continuaron condenando a las constructoras a devolver las plusvalías y otros paralizaron las reclamaciones de los compradores a la espera de la resolución del TJUE. Por eso Azparren cree que los jueces asturianos que optaron por una u otra vía en la cuestión de las plusvalías mantendrán en el asunto de los desahucios por «coherencia» la misma línea.

«Por parte de algunos jueces hay más disposición a parar los desalojos»


<Miguel Ángel García
>

Plataforma Stop Desahucios

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