El pasado 14 de febrero la empresa Santa Bárbara Sistemas presentó una propuesta de reestructuración para todos los centros de trabajo que tiene en España. En Trubia de 601 trabajadores, 289 serían despedidos y 213 más, regulados. La situación del resto de factorías sería similar, excepto en Coruña, donde cerrarían sus instalaciones.

Todo ello significa el desmantelamiento acelerado del grupo industrial armamentístico con mayor tradición de nuestro país. Una historia con tres actores que es preciso analizar: los armeros, el cómplice y el taimado.

Empecemos por el último, el taimado. Engañadora, dice el diccionario de una persona tal. O de una empresa. Y sentirse engañado por Santa Bárbara Sistemas declaró, recientemente, el actual alcalde de Oviedo. Hace menos de un año le «vendieron» el cierre de la Vega y su integración en Trubia por la necesidad de «mantener el empleo total de ambos centros de trabajo» y «crear un centro productivo altamente competitivo», y ahora, taimadamente, hacen todo lo contrario de lo prometido.

Pero no sólo eso, también favorecida e incumplidora. General Dynamics, propietaria de la actual Santa Bárbara Sistemas, fue favorecida por el Gobierno del presidente Aznar en 2001 en el proceso de privatización de la histórica industria armamentista nacional. No lo digo yo, lo dijo, entre otros, el Tribunal de Cuentas.

Así, por ejemplo, la adquisición por parte de la SEPI de munición fabricada por el grupo empresarial privatizado supuso una obligación superior a 180 millones de euros, algo que no se incluía en la autorización del Consejo de Ministros al aprobar la privatización. Ésta y otras decisiones en favor de la empresa llevaron al Tribunal de Cuentas a establecer que el coste de la privatización, para el Estado, ascendió a 499,68 millones de euros y que los ingresos obtenidos por la misma «(...) se cifran en 5 millones».

Tampoco cumplió General Dynamics los compromisos de inversión y carga de trabajo adquiridos. De los 60 millones para inversiones repartidas proporcionalmente en 5 años, el Tribunal de Cuentas no tenía constancia de aportación alguna en el período comprendido entre el 25 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2004. Situación similar se produjo respecto a la carga de trabajo. De los 83 millones acordados para los primeros cuatro años, en los tres y medio iniciales no se aportaron más que 11 millones.

Continuemos con el cómplice, el Gobierno. La declaración del Gobierno Aznar en 2001 para justificar la privatización fue contundente: «Se ha elegido un socio con capacidad tecnológica industrial y comercial para consolidar la Empresa Nacional Santa Bárbara como centro de excelencia mundial de armas terrestres». Hoy, doce años después, un expediente de regulación de empleo para la extinción de la mitad de la plantilla de todo el grupo y otro de regulación temporal de gran calado.

Ahora sabemos en qué acaban los procesos privatizadores que con tanto ardor e interés llevaron a cabo aquellos gobiernos populares y que el actual pretende extender a servicios públicos como el sanitario.

Pero la complicidad no se limita a lo dicho hasta ahora. El Tribunal de Cuentas lo deja muy claro en su informe: «Las empresas interesadas (...) podrían haber mejorado sus ofertas si hubieran tenido conocimiento de las condiciones finalmente aceptadas por el vendedor», es decir, el Gobierno.

Pero no sólo el de Aznar de 2001. También el actual del presidente Rajoy ha ayudado decisivamente a esta propuesta de desmantelamiento industrial. Sin la reforma laboral aprobada por él no sería posible, tal como se está dando, esta ofensiva contra Santa Bárbara y la defensa de este sector armamentístico sería mucho más fácil para los sindicatos y las instituciones interesadas en ella, como el Gobierno asturiano.

Y no valen las disculpas para lavarse las manos como Poncio Pilatos, a lo que recurre sistemáticamente el Gobierno de España con el «no podemos pronunciarnos sobre decisiones que afectan a una empresa privada» del Ministerio de Defensa o la del ministro de Industria, en su respuesta al alcalde de Oviedo, justificando la dificultad de mediar en el conflicto de las fábricas de armas, porque la Unión Europea apuesta por «avanzar hacia un mercado único de la defensa, proceso que puede implicar reestructuraciones industriales».

No son aceptables por lo que ocultan. Claro que el Gobierno de España tiene capacidad de influir en esta decisión de desmantelamiento. Con dos poderosas bazas, al menos. La primera, las expectativas sobre futuros encargos para nuestras Fuerzas Armadas o para países en los que se han realizado intensas gestiones diplomáticas, como Arabia Saudí, de los «8x8» y los «Leopard».

Y la segunda, la competencia exclusiva del Gobierno en materia de autorizaciones para que Santa Bárbara Sistemas pueda llevar adelante alguna de las propuestas que pretende para su reestructuración, como la venta de la factoría de Palencia. No olvidemos que todos los terrenos, todos, donde están enclavados sus centros de trabajo son propiedad del Ministerio de Defensa.

Para acabar, los armeros, los trabajadores de Santa Bárbara, su formación, sus saberes, su profesionalidad y su historia. En ellos y sus centros de trabajo se sustentan las principales potencialidades de este grupo industrial centenario. El debate fundamental es sobre su continuidad en el medio y largo plazo. O no, que diría el presidente Rajoy.

Porque, reflexionemos, si se cierra Coruña, ¿por qué no Granada, a la que se deja con una plantilla tan disminuida que la puede hacer insostenible a largo plazo? ¿Y Sevilla?, que pretenden dejarla con un número de operarios que imposibilitaría fabricar vehículos blindados, su principal producción. Y en Trubia, de gran interés para un buen número de empresas auxiliares asturianas, no quedarían trabajadores más que para mantener un taller de montaje con escasa o nula proyección futura.

Y lo más curioso es que el actual ministro de Defensa cree que este sector industrial tiene futuro en España. Lo defendió con vehemencia en el Congreso para justificar la aprobación de un crédito extraordinario de 1.800 millones destinado a equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas. Nos habló, con razón, de una industria intensiva en I+D+i, de empleos altamente cualificados y bien remunerados, que destina el 65% de sus productos a la exportación, con 500 empresas que emplean de forma directa o inducida a 80.000 personas.

La siguiente pregunta es obvia, ¿por qué disminuir tan drásticamente el potencial de Santa Bárbara en ese escenario? El propio Ministro conoce bien el grupo. Era secretario de Estado de Defensa cuando, en 1998, se decidió su privatización y, ahora, como máximo responsable del Ministerio es testigo del inicio de su desmantelamiento si no se toman medidas decididas que lo impidan.

Estoy seguro de que todo este proceso está siendo observado con gran interés por buena parte del resto del sector. Especialmente desde empresas importantes como Indra, Instalaza, SAPA, ITP, MBDA, entre otras. Empresas con capacidades suficientes para cubrir los huecos que vaya dejando Santa Bárbara.

Tengo también, para mí, que todo ello es bien conocido y analizado por el señor Morenés.