Chus NEIRA
El juicio que se celebra en el Juzgado número 10 de Oviedo, en el que el arquitecto Santiago Calatrava y Jovellanos XXI se demandan mutuamente por impago de honorarios e incumplimientos del contrato, respectivamente, llegó ayer a su segundo día con las declaraciones de dos peritos aportados por los constructores y gestores del Palacio de Buenavista. Los catedráticos y arquitectos Miguel Ángel Alonso del Val y Rufino Hernández ofrecieron un detallado repaso al proyecto y aportaron datos poco conocidos sobre las cifras que rodearon la operación, como que el coste final total del Palacio de Congresos fue de algo más de 360 millones de euros, cinco veces más que los 76 millones de euros que Calatrava presupuestó como coste máximo a Alberto Lago en el año 2004.
Su declaración -al igual que la de los técnicos de la jornada del lunes por la tarde y la de los que declararon también ayer antes que ellos- siguió centrándose en una serie de puntos clave en torno a los que está girando el juicio:
l Cambios en el proyecto e indefinición de los trabajos. Los abogados de Calatrava, encabezados por Antoni Frigola, tratan de probar que el carácter cambiante de las peticiones de Jovellanos XXI (un proyecto de cines que desapareció, cambios en superficie de garaje, de centro comercial, aparición de las oficinas de Consejería, rebaja de una estrella en el hotel...) tuvieron mucho que ver en el modus operandi del estudio de Calatrava, que no contó con un proyecto de ejecución bien definido ni al principio ni al final. En Buenavista se decidió hacer proyectos de ejecución parciales, uno para cada parte (hotel, aparcamiento, centro comercial, palacio...), pero, según los arquitectos que declararon ayer, ninguno de estos proyectos estaba completo. Además, aseguraron los peritos de Jovellanos XXI, en buena parte de los casos el proyecto se entregaba cuando ya se habían realizado buena parte de las obras. «La conclusión general», declararon ayer, «es que el proyecto y la obra se iban haciendo al mismo tiempo».
Carlos García, arquitecto de Jovellanos XXI, explicó que desde el estudio de Valencia llegaban documentos titulados «DBuen» (abreviatura de «documento Buenavista») con los que se iba ejecutando la obra a medida que mandaban los planos.
Respecto a ese arranque de la obra, los abogados de Jovellanos XXI también tratan de probar que la elección de la cimentación (losa, no zapatas) fue un capricho más de Calatrava, que encareció el proyecto. Al revés, los colaboradores del arquitecto valenciano sostienen que esa elección fue resultado de la falta de definición de lo que se construiría luego encima. «El propio Calatrava insistió en que ante la incertidumbre del programa había que ser prudente con la cimentación», contó uno de los técnicos.
l Falta de personal. En las obras, el equipo de Calatrava tenía a Carlos Fernández (un arquitecto técnico que no cobraba como director ejecutivo técnico, que rechazó firmar los proyectos con ese título y que declaró ayer que nunca recibió ninguna orden de Calatrava), al arquitecto Emiliano González y a dos ingenieros. El arquitecto de Jovellanos XXI, Carlos García, declaró ayer que este arquitecto no iba a la obra todas las semanas y que el propio Calatrava «fue una vez a la obra de Buenavista». Los dos catedráticos aseguraron que el personal era insuficiente, y que incluso en 2009 llegó a desaparecer. «Hay una falta de responsabilidad, no es de recibo que tuviera la obra funcionando sin dirección facultativa. Que habiéndose caído el graderío en 2006 no haya nadie en 2009 me parece inaudito», señaló Rufino Hernández.
De hecho, los dos catedráticos concluyen que nadie ejerció la dirección facultativa de la obra, por lo que de los seis millones de honorarios correspondientes a la dirección de obra, quitan esta parte, casi tres millones de euros, que concluyen que Calatrava no tiene derecho a cobrar.
Los colaboradores del valenciano y sus abogados opinan, al revés, que siempre hubo equipo en la obra y que estas personas estaban apoyadas en todo momento por un equipo de 40 personas en Valencia, más los estudios de Zúrich y París.
l El colapso del graderío. Aunque el colapso del graderío es un asunto juzgado en el que se condenó solidariamente a todas las partes a pagar 3,5 millones a la aseguradora, y a pesar de que en aquella sentencia se denuncia que Calatrava no ejerció el papel de dirección de obra, en este juicio se está volviendo a a preguntar sobre qué se rompió (la cimbra del encofrado), quién supervisó y de quién fue la culpa.
l La cubierta móvil. El arco móvil es la otra gran cuestión del juicio sobre la que hoy, previsiblemente, hablarán los ingenieros. Hay dudas sobre quién recomendó a la firma Waagner Biro. Calatrava negó que fuera él y Carlos García le contradijo ayer. También se discute sobre quién rechazó los ajustes para que funcionara con vientos de 10 metros por segundo (si Calatrava por cuestiones estéticas o Alberto Lago por motivos de dinero) y quién decidió dejarla fija.
