El magistrado del Juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, Pablo Martínez-Hombre, acaba de condenar a Santiago Calatrava a pagar a los gestores del Palacio de Congresos que el arquitecto valenciano diseñó en Buenavista un total de 3.272.659,46 euros por los fallos del edificio. En realidad, el juez da en parte la razón a los abogados del valenciano, que iniciaron la demanda para reclamar 7,28 millones que Jovellanos XXI les debía en concepto de honorarios. Sin embargo, también admite parcialmente la demanda que opusieron los abogados de la empresa asturiana, de forma que las indemnizaciones que Martínez-Hombre admite, por un valor de 10,55 millones, ofrecen un saldo a favor de Jovellanos XXI de 3,27 millones que habrá de abonar Calatrava.
El magistrado rechaza buena parte de las cuestiones planteadas por Jovellanos XXI, pero admite dos cuestiones que fundamentan la cuantía de las indemnizaciones: la inversión que la promotora del Palacio tuvo que realizar para rehacer el graderío tras el accidente de agosto de 2006, descontada la parte que cubrió el seguro (lo que hace un total de 3,46 millones) y los 6,95 millones que se invirtieron en la movilidad de una cubierta que, finalmente, tuvo que dejarse fija. Se suma, además, para llegar a los 10,55 millones, reparaciones de 140.000 euros en el muro curvo en el graderío.
La sentencia reconoce la deuda de honorarios que se estableció en el acuerdo de 9 de diciembre de 2008, y juzga que no ha lugar a anularla por no haberse cumplido el contrato. Sin embargo, no admite, como pretendían los abojavascript:cargarFckEditor('pTexto');gados de Calatrava, que en dicho documento se renunciara a reclamaciones como las ahora aceptadas, puesto que, tal y como sostuvo en su exposición final el abogado de Jovellanos XXI, Alberto Bernardo, en aquel documento había en realidad dos pactos y la resolución del contrato sólo afectaba a la parcela del Vasco, no a la de Buenavista. Resuelto este punto de partida, Martínez-Hombre rechaza que Calatrava no pueda cobrar por la dirección ejecutiva de la obra, puesto que, razona, «la propia conclusión del edificio implica necesariamente la existencia de una dirección de ejecución de obra».
También considera que «existieron importantes desviaciones presupuestarias», pero concluye que no era «función» de Calatrava controlar dicho gasto.
Existen varias cuestiones técnicas referidas al tipo de cimentación empleada en el Palacio y a distintas soluciones de acabado en varios de los niveles en las que Martínez-Hombre descarta las indemnizaciones solicitadas por Jovellanos XXI y da por buena la tesis de los abogados de Calatrava de que la empresa constructora aceptó estas cuestiones y que fueron decisiones tomadas según el espíritu de un proyecto que se modificó muchas veces.
En el derrumbe del graderío y en los gastos provocados para reconstruirlo, el magistrado «comparte plenamente» la sentencia que ya responsabilizó a Calatrava por el incumplimiento de labores de dirección de obra, y admite que el valenciano pague la parte que la aseguradora no cubrió.
En lo relativo a la visera, aunque admite que la decisión final de dejarla fija la tomó Jovellanos XXI, pero se pregunta, y acaba contestando favorablemente, «si estamos ante una situación a la que (la empresa) se ve obligada por unas circunstancias que no le son achacables». En síntesis, el juez considera que había «indefinición» en los elementos estructurales de la visera, que los problemas en la ejecución de los trabajos de soldadura se hubiesen podido evitar «si hubiese existido un seguimiento a pie de obra de los trabajos» y no con «visitas puntuales» y que, por más que el valenciano alegara en su defensa que se sustituyó un arco móvil de una sola pieza por otro de 32 tramos, es suya la responsabilidad de que ese sistema fracasara, ya que fue el propio arquitecto el que «aceptó una solución constructiva que evidentemente ha fracasado». Contra la sentencia, que condena a Calatrava a las costas, caben todavía recursos.
El Ayuntamiento pide más informes a Jovellanos XXI sobre la seguridad de la estructura
El concejal de Urbanismo José Ramón Pando informó hoy, al término de una comisión extraordinaria para tratar la situación del Palacio de Congresos de Buenavista, que el Ayuntamiento ha dado un plazo de treinta días a Jovellanos XXI para que aclare la situación del "arc de hormigón", un elemento que fue reforzado tras el accidente del graderío de 2006 y sobre el que reposa la cubierta del edificio. Según el informe de los técnicos municipales, este elemento presenta "unas condiciones estrictas en cuanto a los coeficientes de seguridad", por lo que, concluyen "la situación, sin ser alarmante, sí puede requerir atención".
En suma, el Ayuntamiento pide a Jovellanos XXI documentación del arco de apoyo tal y como se construyó finalmente, es decir, con el refuerzo, y exige, también un informe sobre qué medidas habría que tomar para reforzar este elemento "si al final resultara necesario". A pesar de estos requerimientos, Pando, que no quiso comentar la sentencia del número 10 que ha condenado a Calatrava a pagar 3,2 millones por los fallos en el Palacio, insistió en que la estructura "no presenta ningún problema de seguridad" y descartó que se vaya nunca a estudiar la movilidad de esta parte del edificio.
