Entre los distintos incumplimientos de contrato en los que el informe municipal basa la obligación para rescindir la concesión de la explotación del palacio figura el alquiler de unos almacenes. Según este texto, Jovellanos XXI cobraba a algunas de las empresas que participaban en los congresos por utilizar unas estancias de las que, en teoría, no estaba clara siquiera su existencia.

La cuestión es que al menos uno de los almacenes no era de propiedad municipal, como el resto del palacio. Así figura en las escrituras, según el informe, de forma que de estos dos locales uno se puso a nombre de Jovellanos y el otro a nombre del Ayuntamiento. El abogado consistorial Justo de Diego se detiene a examinar la situación de estas parcelas, con un total de 2.172,72 metros cuadrados, siendo el almacén de titularidad municipal de sólo 821,58 metros cuadrados.

A pesar de que Jovellanos XXI puso a su nombre uno de estos almacenes, el informe señala que el lugar que ocupan estos espacios, su tamaño y el hecho de que sean estancias anejas al Palacio de Congresos refuerza la idea de que esos almacenes tendrían que haber sido siempre de propiedad municipal, estar incluidos dentro del palacio y, por tanto, no ser susceptibles de ser alquilados a terceros, en tanto que no existía una tarifa dentro de las tablas de precios aprobadas por el Ayuntamiento.

Que unos espacios que forman parte del palacio no se están utilizando como parte del mismo y que el Ayuntamiento ignore el uso que se les está dando es, para el abogado municipal, otra infracción gravísima de las obligaciones que Jovellanos XXI había adquirido como concesionaria de la gestión del palacio de Calatrava durante cincuenta años.