La abogacía del Ayuntamiento de Oviedo acaba de aterrizar en medio del proceso concursal de Jovellanos XXI para solicitarle al juez que rescinda las operaciones de compraventa de varios inmuebles del complejo de Calatrava en Buenavista y se los devuelva a la sociedad. El Consistorio actúa en condición de acreedor de la sociedad concursada y argumenta ante el juez que la venta por parte de Jovellanos XXI a sociedades de su mismo grupo del hotel, los aparcamientos y unos locales multiusos produjeron un perjuicio patrimonial evidente. Las alegaciones presentadas por el abogado municipal ante el Juzgado de la mercantil número 9 de Madrid son tan demoledoras que sólo en lo referido al hotel del Calatrava estima que la venta de este equipamiento a Proyectos Roszak, empresa constituida a partes iguales por dos sociedades del mismo conglomerado empresarial, se realizó, como mínimo, unos 10 millones de euros por debajo del precio real.

El abogado municipal no deja pasar la ocasión de comparar el precio del metro cuadrado al que se vendió el hotel y al que el Principado compró sus oficinas en el Calatrava: 1.601,38 euros frente a 3.004,88 euros, casi el doble. "No hay explicación alguna a semejante diferencia", remata el escrito.

Para que un juez pueda ejecutar un acto de rescisión de operaciones de este tipo tienen que cumplirse una serie de requisitos. Uno de ellos manda que estas acciones tienen que haberse producido en los dos años anteriores a la declaración del concurso de acreedores. En teoría, los contratos de compraventa del hotel, los aparcamientos y los locales multiusos se realizaron entre los años 2007 y 2008, por tanto, a salvo de entrar en el período sospechoso que dicta la ley concursal. Sin embargo, las alegaciones del Ayuntamiento hacen ver que en los tres casos no se pudo entregar ninguno de ellos antes de marzo de 2011, cuando se concluyeron los trabajos, por lo que, razona el escrito, "resulta que estos tres contratos de compraventa únicamente se pueden entender consumados una vez que se ha procedido a la entrega de esos inmuebles".

El informe repasa una a una las ventas de estos inmuebles y llega a conclusiones similares a las que este mismo lunes esgrimía en sus interrogatorios a los representantes del grupo empresarial en torno a Jovellanos XXI la abogada de Ipezsa, que reclama al conglomerado impagos por 7,5 millones de euros. La cuestión es si las sociedades afines que compraron el hotel, los aparcamientos o los locales lo hicieron de forma irregular o pagando un precio inferior al del mercado. En el juicio en Madrid, los empresarios y sus representantes explicaron que no habían encontrado ofertas y que se pagó "en el rango más alto de las valoraciones del mercado".

Para el Ayuntamiento, al revés, "resulta que tal precio no se corresponde ni con el valor de mercado ni, lo que es más relevante, con el valor real de este inmueble". En este caso el abogado municipal habla sobre el hotel que adquirió Proyecto Roszak, y realiza una operación muy sencilla. En la certificación de la obra del hotel consta un "coste de ejecución por contrata" de 21,3 millones de euros. Para calcular el valor de venta a partir de esta cantidad hay que sumarle el valor de repercusión del suelo y otros factores como honorarios de los arquitectos. El abogado municipal, sin contar el valor de repercusión del suelo y añadiendo porcentajes normales por el trabajo de arquitectos y aparejadores (lejos, supone, de los que cobraría Santiago Calatrava) llega a la conclusión de que, como mínimo, los 21,91 millones en que se vendió están al menos unos 10 millones por debajo del precio real.

Eso es lo que le lleva a concluir que se ha producido un perjucio patrimonial de la masa activa de la sociedad, e incluso a ir un poco más allá, pues las alegaciones lanzan, sin afirmarlo con seguridad, la sospecha de un fraude. Así, cuando habla del perjuicio patrimonial, añade, "sin que en este momento proceda indagar sobre si la conducta seguida por la entidad Jovellanos XXI merece ser considerada fraudulenta, sin perjuicio de lo que pueda valorarse en fase de calificación".

Todavía hay más. Al menos en el caso del hotel y del aparcamiento Jovellanos XXI vendió los inmuebles antes de acabar las obras, y fueron las sociedades que compraron estos inmuebles las que realizaron inversiones para acabar los trabajos. Precisamente, se dijo el lunes en los Juzgados de Madrid, uno de los motivos para no encontrar comprador es que todas las ofertas recibidas eran por el aparcamiento ya terminado, y nadie quería hacerse cargo de las obras. Pues, bien, en el caso del aparcamiento, el abogado municipal hace ver al juez que la venta a Global Scopes, realizada como bien "en construcción", pues en teoría esta sociedad compradora puso luego 9,5 millones de euros para acabar las obras, se realizó el 2 de mayo de 2007. Las obras del parking del Calatrava habían acabado dos meses antes, en marzo de 2007. "Existe al respecto una evidente contradicción, no se deja constancia en el informe de la fecha de entrega y el modo en que la misma se llevó a cabo", añade el abogado municipal, e incluso remata: "Se ha comprobado que no hay constancia en el Registro de la Propiedad de las escrituras que hubieran documentado la entrega de la obra ya terminada, con reflejo de esas mejoras introducidas por los importes de 5,5 millones de euros en el caso del hotel y de 9,5 millones de euros en el caso del aparcamiento".

Quizá por ese motivo interesa en sus conclusiones que el Juzgado requiera a Jovellanos XXI todos los documentos relativos a estas operaciones: las escrituras de compraventa de los locales multiusos y el hotel con la sociedad Proyecto Rosazk y del aparcamiento con la sociedad Global Scopes, las actas de entrega finalizadas las obras de construcción, los proyectos con sus presupuestos desglosados correspondientes a las obras de mejora realizadas en el hotel y el aparcamiento, las certificaciones de obra y facturas giradas por la empresa constructora de estos mismos trabajos, certificados finales de obra y los documentos bancarios que acrediten los pagos a Jovellanos XXI, entre otros.

Las alegaciones se presentaron en Madrid, con fecha de 9 de enero, hace sólo doce días.