La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) dio ayer a conocer los nombres de los supuestos torturadores denunciados ante la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo. Entre ellos se encuentra el de un policía ovetense que está denunciado como presunto torturador por el fundador de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias.

Iglesias ya había desvelado su intención de que la juez que investiga los crímenes del franquismo entre los años 1936 y 1977 atendiese también la represión sufrida por él mismo, sus padres y dos de sus tíos. Sobre el policía ovetense, cuya identidad responde a las iniciales P. H. F., Gerardo Iglesias explica en la querella que esta persona era "el más bestia" de todos cuantos lo torturaron en la Brigada Político Social de la Policía. "Era uno de los torturadores más terribles, estaba especializado en tumbarte en el suelo dándote puñetazos en el hígado. El sistema que seguían era darte una buena paliza, bajarte al calabozo y, sin que te hubiera dado tiempo a enfriar, te subían nuevamente. Era una técnica para situarte contra las cuerdas". Además, Iglesias explica que la persona denunciada un día le dijo que cuando muriera Franco "no iba a perder nada, porque era funcionario". Para Iglesias, este policía "consideraba normal un empleo que consistía en torturar o pegar un tiro en la nuca".

Uno de los abogados de la causa, Carlos Slepoy, ya se ha trasladado a Buenos Aires, donde presentará para presentar una nueva lista de nombres ante la juez, entre ellos el del policía ovetense.

Hace justo un año, después de recoger más de doscientas querellas, los abogados pasaron a la fase de formalización de acusaciones. Con ese fin, viajaron a Buenos Aires y presentaron un escrito ante la juez que, con los meses, trajo como consecuencia las órdenes de extradición y detención internacional de Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco. Los abogados esperan que, con los nuevos nombres aportados, suceda lo mismo. Aun así, Ceaqua especifica que la querella argentina, para ellos, no es un proceso contra individuos concretos "sino que denuncia el conjunto de un régimen y de un sistema que no respetaba los derechos humanos básicos".