Ignacio Cuesta Areces (Oviedo, 1 de febrero de 1972) era ayer un hombre "cansado pero feliz" tras convertirse de manera aplastante en el nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo, que representa a casi 4.000 letrados de toda la región salvo Gijón y Villaviciosa. Todo ello tras una campaña electoral que asegura que fue "la más agresiva" que recuerda. Ahora afronta lo que denomina "el cambio tranquilo" al tomar el relevo de Enrique Valdés Joglar, que dice adiós al cargo tras dos mandatos, y con el que Cuesta trabajó mano a mano durante todo ese tiempo.
-Tras ocho años en la junta de gobierno del Colegio, primero como vocal y luego como secretario, le toca ser decano. ¿Un salto muy grande?
-Estoy bastante implicado en la marcha diaria del Colegio, con responsabilidades importantes en mis cuatro primeros años en el turno de oficio y los últimos cuatro con la coordinación del Centro de Estudios y el Máster de la Abogacía. Así que creo que tengo bastante conocimiento de cómo funcionan las cosas.
-Ha ganado por goleada. Usted obtuvo 1.290 votos (55,70%), Pedro Hontañón 586 (25,30%) y María Luisa Nevado 440 (19%).
-Ha sido un resultado importante que viene a refrendar el trabajo que se ha hecho en los últimos cuatro años y las propuestas de futuro que hemos puesto encima de la mesa.
-¿Cuáles de esas propuestas van a poner en marcha de manera inmediata?
-Continuar ofreciendo una formación especializada y de calidad incorporando las nuevas tecnologías con la retransmisión de muchas de las actividades on-line. O la creación de un comité de sabios que asesore y oriente a la gente que se inicia en la profesión. Y en el ámbito del turno de oficio buscar la mejora de su gestión y continuar reivindicando la mejora de las retribuciones.
-¿Considera que ha sido una campaña sucia, con acusaciones contra usted sobre la adjudicación de obras en el Colegio a una empresa a la que está vinculado?
-Ha sido una campaña muy agresiva por parte de una de las dos candidaturas, la de (Pedro) Hontañón. No recuerdo una campaña con este nivel de agresividad. Pero decidimos que no íbamos a entrar en ese juego y que haríamos planteamientos de futuro. Y creo que los colegiados han tenido ayer (por anteayer) ocasión de manifestarse sobre todo lo sucedido en la campaña.
-Sostiene que en esa adjudicación no hubo nada raro.
-Absolutamente nada. Hubo total transparencia desde el primer momento. No hubo nada, ya no ilegal, ni siquiera irregular o reprochable.
-¿Por qué cree que las dos candidaturas rivales han incidido tanto en la falta de transparencia en las cuentas del Colegio?
-Las acusaciones de opacidad en las cuentas son recurrentes en cualquier proceso electoral. Pero en este caso carecen de fundamento. El Colegio tiene un órgano de control presupuestario propio, que se da en muy pocas instituciones como esta. Además, todos los colegiados tienen a su disposición hasta el último papel de la institución. Así está recogido en los estatutos. Y nadie lo ha hecho nunca. Supongo que es más fácil lanzar acusaciones de falta de transparencia que dedicarse a examinar los soportes contables. Además, hubo acusaciones al mismo tiempo de despilfarro y falta de transparencia. Si no hay transparencia en las cuentas y no se conocen, ¿cómo se sabe en qué o en qué no se ha gastado el dinero? Es algo contradictorio.
-¿Habrá fusión con el Colegio de Abogados de Gijón?
-Cada colegio tiene sus particularidades, como el tratamiento del turno de oficio o las cuestiones deontológicas. No sé si podría llegarse a una fusión o a la constitución de un consejo autonómico. Pero esto sucede en las comunidades donde hay muchos colegios. No me niego en redondo, se puede hablar, pero no creo que sea un objetivo que a corto plazo deba preocuparnos. A día de hoy hay otras necesidades mucho más importantes que esa.
-¿La concentración de los juzgados de Oviedo se ha convertido en una quimera?
-Siempre hemos sido partidarios de acabar con la dispersión de las sedes judiciales, porque es lo mejor para todos. Lo demás es algo que no nos compete. Lo que sí tenemos claro es que el Colegio, tanto en este reto como en otros, tiene que ser un interlocutor ineludible. No se puede hacer a espaldas de la opinión de los abogados. Lo mismo digo sobre la oficina judicial, el turno de oficio o la ley de Demarcación y Planta, que afortunadamente ha quedado aparcada. Y otras muchas cuestiones que se iban a poner en marcha y que con el cambio de Ministro, y por fortuna, se han quedado en un "veremos".
-Lo cierto es que de la etapa de Ruiz-Gallardón al frente de Justicia queda muy poco, ni las polémicas tasas judiciales.
-Afortunadamente queda muy poco. Lo de las tasas fue la prueba de cómo la abogacía institucional unida, y con una sola voz, logró paralizar las tasas para las personas físicas. La ley de tasas era un atropello a los derechos de los ciudadanos de proporciones difícilmente superables. Mientras las tasas estuvieron en vigor mucha gente no pudo acceder a la justicia.
-¿Tiene sentido mantener la Escuela de Práctica Jurídica y el Centro de Estudios abiertos al mismo tiempo?
-El Centro de Estudios nació para formación continua a los colegiados, y la Escuela de Práctica Jurídica ofrecía una formación voluntaria a los recién licenciados. Pero con la entrada en vigor de la ley de acceso a la carrera es obligatorio hacer el máster de Abogacía, con lo que la finalidad básica de la Escuela de Práctica Jurídica desaparece. ¿Qué papel le queda? Está por definir. Si tiene un papel, es el que le estamos dando, que es el de llevar a cabo una formación para colegiados más jóvenes.
-Con lo que está diciendo parece que la Escuela queda vacía de contenidos. ¿Tiene sentido que siga existiendo?
-Tendremos que definir hacia dónde queremos que vaya si es que tiene que ir hacia algún sitio.
-Enrique Valdés Joglar se impuso ocho años en el cargo. ¿Usted?
-No tengo un planteamiento, pero estoy de acuerdo con Enrique en que eternizarse en los cargos no es bueno.
