El Principado ha dado un voto de confianza a la empresa de seguridad del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio, Alcor, y no le retirará, por el momento, la concesión del servicio, aunque extremará las medidas seguimiento a la concesionaria. Eso sí, la administración regional advirtió ayer a la empresa de que debe mejorar el clima laboral y que las conversaciones seguirán para comprobar que la situación se corrige. En el último mes se produjeron tres fugas en el centro de menores y dos de los internos que escaparon aún no han sido localizados.

Tal y como anunció el Gobierno regional en un comunicado de prensa emitido el pasado viernes, ayer se produjo una reunión entre el director de Justicia e Interior del Principado, José Luis Villaverde, y el gerente de la empresa de seguridad. Durante el encuentro, Villaverde trasladó a esta persona su preocupación "por el deterioro" de las relaciones entre la compañía y sus trabajadores, a la vez que le exigió que se adopten "las medidas oportunas" para mejorar el clima laboral.

La asociación que defiende los intereses de los vigilantes de seguridad, Avispa, ha sido muy crítica con la falta de medios y de personal de seguridad del centro de Sograndio. En estas carencias, aseguran, están las verdaderas causas de las fugas del último mes. Un vigilante de seguridad fue despedido tras el primero de los episodios, extremo que fue severamente criticado por los sindicatos. El Principado ha iniciado una investigación y ha comenzado a revisar todos los medios y protocolos de seguridad del centro.