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Agustín de Luis torea al banquillo

"Soy inocente", proclama en el Juzgado el exjefe de la Policía, vestido con toga para poder ocupar el estrado La vista, suspendida por un problema de competencias

Agustín de Luis -a la izquierda, con toga-, en el estrado junto a su abogado, Juan Muñiz. NACHO OREJAS

Agustín de Luis Criado, genio y figura hasta en el Juzgado. Lo demostró ayer quien fue durante décadas el todopoderoso jefe de la Policía Local de Oviedo, al torear -como buen aficionado a los ruedos que es- la incomodidad de verse retratado en el banquillo de los acusados de un Juzgado. El de Mogarraz (Salamanca) hizo valer su condición de abogado no ejerciente para cubrirse con una toga y conseguir así sentarse en el estrado, con el resto de letrados, el fiscal y el magistrado. Como si se tratase de un respetable más. En realidad, De Luis se enfrenta a tres años de cárcel por paralizar en 2012 un atestado para favorecer, supuestamente, a un conocido. La vista, finalmente se suspendió por un problema de competencias de tribunales. Será la Audiencia Provincial quien juzgue en una fecha indeterminada al ex comisario principal. "Soy inocente, todo es un error", explicó fuera de la sala, ya sin la toga, a los periodistas.

Hasta sesenta errores dijo Agustín de Luis que hay en su causa. Y lo que afirmen el fiscal (acusación pública) y la acusación particular, ejercida por el sindicato Sipla, le trae sin cuidado. "Me reservo mi opinión sobre lo que dicen esos señores", resolvió. "Ha habido una serie de errores, pero no hay ningún delito. Eso lo puedo asegurar", añadió. "¿Paralizó usted algún atestado?", preguntó una periodista. "¡Qué tiene que ver! Mi actuación fue correcta, por supuesto que fue correcta. En su día, cuando termine, hablaremos del tema, ¡eh!", respondió Agustín de Luis. También aseguró que no trató de beneficiar a nadie y que no conocía de nada a la persona que atropelló a un peatón en El Cristo y se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, tal y como recogía el atestado "alterado con cinta correctora y manuscrito por encima", según la versión de la Fiscalía del Principado. "En tal caso serían los guardias", puntualizó sobre este extremo, echando balones fuera. "No conozco de nada a ese señor. Ya cuando esto termine, ya me explicaré. Hay sesenta y tantos errores", añadió. Finalmente, tras responder que se encuentra felizmente jubilado -"estoy muy bien, estupendamente, se me nota ¿no?"- el salmantino se retiró del ruedo en compañía de su abogado, Juan Muñiz.

"Tenían que haber dado cuenta antes...", se lamentó en la sala el magistrado titular del Juzgado de lo penal número 1, José María Serrano, quien dejó el caso en manos de la Audiencia Nacional tras las observaciones realizadas por la Fiscalía del Principado, con las que estuvieron de acuerdo la acusación particular, ejercida por la letrada Rebeca García, y la defensa. Y es que los hechos por los que se va a juzgar a Agustín de Luis ocurrieron cuando desempeñaba el cargo de comisario principal en la Policía Local. Y la jurisprudencia señala que la competencia de juzgar estos casos corresponde a la Audiencia. La instrucción del caso, que comenzó antes de la jubilación de De Luis, su condición de aforado hasta ese momento, y un cambio reciente de la legislación, motivaron que los trámites siguieran su curso hacia el Juzgado de lo penal hasta ayer, cuando todos acordaron que debía ser otro tribunal el encargado de decidir sobre el destino de Agustín de Luis.

Según la versión de la acusación pública, los hechos se remontan al 19 de enero de 2012, cuando el acusado recibió en el cuartel del Rubín al presunto autor del atropello. Quería recuperar su furgoneta, que estaba en el depósito municipal, inmovilizada por decisión de los agentes que realizaron el atestado del accidente. Al parecer, le imputaron dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia tras atropellar a un peatón. Agustín de Luis, siempre según la versión de la Fiscalía, dio las órdenes que consideró precisas para paralizar el atestado. Siguiendo sus instrucciones, un mando policial ocultó con cinta correctora los datos que se querían modificar y escribió por encima: "atropello" y "peatón renuncia a curarse". Todo ello constituye para la Fiscalía un delito de infidelidad en la custodia de documentos, un delito de omisión del deber de perseguir delitos, y otro más de encubrimiento. El Sindicato Independiente de la Policía Local (Sipla) le acusa también de un delito de prevaricación elevando la solicitud de pena hasta los cuatro años y medio.

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