Tamara K., una empleada de hogar ucraniana de 60 años, se enfrenta a una pena solicitada por el fiscal de dos años y medio de cárcel por apoderarse de 310.000 euros de su empleador, el empresario ovetense ya fallecido José María Díaz-Pevida. La mujer no declaró en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, por falta de un traductor, pero su letrado, Marcelino Suárez Baró, justificó el patrimonio que posee la mujer, dos pequeños pisos valorados en unos 100.000 euros en la calle Vázquez de Mella y en Ventanielles, por el trabajo de la empleada de hogar y de sus dos hijas, así como la venta de otro piso que la familia tenía en Ucrania. Además, el empresario que la empleaba era "sumamente generoso con ella, puesto que unas Navidades le dio un sobre con 5.000 euros para que no se fuese de vacaciones, y le regalaba también dinero, unos 600 euros, cuando le nacía algún nieto. Otra prueba de la generosidad del empresario, según la defensa, es que llegó a comprar, en el año 2009, un piso para que la empleada viviese en él en calidad de usufructuaria.
Deterioro físico y psíquico
La posición del ministerio público y de la acusación particular, ejercida por los hijos del empresario fallecido, bajo la dirección letrada de Ana García Boto, no puede ser más opuesta. Según estas partes, durante el tiempo que estuvo empleada, entre 2006 y 2011, la empleada de hogar, aprovechando la situación de grave deterioro físico y psíquico del empresario y de su mujer, se hizo con la llave y claves de apertura de la caja fuerte ubicada en el dormitorio del matrimonio (en el interior de un armario) y con una caja de caudales cerrada con llave para ir sustrayendo diversas cantidades.
En las cajas fuertes llegó a haber unos 800.000 euros, y cuando los hijos quisieron tomar cuenta del contenido de las mismas, faltaban unos 310.000 euros. La familia del empresario considera imposible que la mujer reuniese dinero suficiente para comprar dos pisos al contado con un sueldo de 1.100 euros al mes.
La defensa arguye que son las únicas propiedades de la familia, que salió de Ucrania en el año 2000, tras vender allí un piso de su propiedad. También trabajaron en la vendimia y, respecto al sueldo que cobraba del empresario, éste le quedaba íntegro, puesto que tenía asegurada su manutención. La defensa añadió que no hay signo alguno de alto nivel de vida o de riqueza, puesto que la familia no dispone de coche, ni de dinero en cuentas. Y en cuanto a los pisos, son de pequeñas dimensiones y pagan un IBI irrisorio, unos 160 euros.
La defensa sostiene por otro lado que el empresario fallecido disponía libremente del efectivo que había en las cajas fuertes, y que sus hijos no tenían controlado el flujo de dinero, por lo que no pueden demostrar que la empleada de hogar se apoderase del mismo.
La acusación particular solicita una condena de tres años y medio de cárcel, así como la devolución de los 310.000 euros que faltan de las cajas fuertes. El juicio quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo.
