La fiscal superior del Principado, María Esther Fernández, ha archivado las diligencias de investigación abiertas por presuntas irregularidades en el funcionamiento del Centro de Menores de Sograndio y una supuesta negligencia en el ejercicio de sus funciones de sus responsables. La fiscal, instructora de las diligencias, considera que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna.

Las diligencias se incoaron a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) contra el consejero de Presidencia en Funciones, Guillermo Martínez; el director general de Justicia en funciones, José Luis Villaverde; el director de Sograndio, Vicente Ramos, y una responsable de la empresa de seguridad Alcor. "Todo lo manifestado en la denuncia no son sino reproches a la actuación política o profesional de los denunciados y una muestra de disconformidad con estas actuaciones, con la pretensión de lograr un cambio en el sistema. No es, desde luego, esta vía de imputaciones penales la que procede utilizar para alcanzar los fines que, legítimamente, puede pretender el denunciante", suscribe María Esther García.

Por su parte, el comité de empresa de la Consejería de la Presidencia denunció ayer que la plantilla de Sograndio "está trabajando sometida a un ambiente laboral de fuerte tensión" con "riegos para la salud" y que afecta a la toma de decisiones educativas. El comité ha pedido que se corrijan "el estilo directivo" y la toma de decisiones.