ASTURIAS.- y reclama el reintegro de la subvención de 2009

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

Sindicatura de Cuentas ha advertido diversas irregularidades en la contratación de servicios y de personal en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones, y ha reprochado al Gobierno autonómico que no exigiera la devolución de la subvención de 167.000 euros otorgada a esta entidad en el 2009.

Sindicatura ha hecho público este jueves un informe de fiscalización de esta entidad. El documento entiende que "desde el ejercicio 2012, la sociedad es un ente instrumental, pero no cumple todos y cada uno de los requisitos para ser considerado medio

propio de la Administración del Principado de Asturias, por lo que no

puede denominarse como tal".

Ademas, señala que el Gobierno autonómico "debió instar el reintegro de la subvención otorgada a la sociedad en 2009 (167.783 euros), ya que el importe de la misma era superior al resultado negativo realmente producido". "Las facturas abonadas mediante el préstamo recibido de la Administración del Principado de Asturias cumplen con los requisitos impuestos por el Mecanismo del Plan de Pago a Proveedores", ha añadido el informe.

Sobre la contración realizada, apunta que de los cinco contratos analizados por procedimiento negociado consta la existencia de negociación en uno de ellos. "En ninguno de los contratos por procedimiento negociado se obtuvieron mejores condiciones a las ofertadas inicialmente", apunta. Además, "el contrato relativo al precableado de edificios e instalaciones de usuarios de la Red Asturcón se adjudicó y modificó en dos ocasiones en un periodo de tres meses. Por el importe total debió licitarse un

contrato por procedimiento abierto, en lugar de un procedimiento

negociado, lo que conculca los principios de publicidad y concurrencia".

Se refiere también a otro contrato en el que "no constan certificaciones de obra, ni acta de recepción parcial ni final de las obras contratadas", y a al "aumento del 18% del

precio de adjudicación, no habiendo acto alguno de modificación" en otro más.

Critica además que la sociedad contrata con terceros de media el 80% de la ejecución de las encomiendas recibidas, "lo que denota la carencia de medios para dar cobertura a los encargos, actuando ésta como un simple intermediario para la entidad que demanda la prestación, orillando el régimen de contratación legalmente previsto".

Sobre la contratación de personal, señala que "no queda acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad". Además, critica la externalización del asesoramiento jurídico a través de contratos menores, "lo que contradice la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a la cual su duración deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas".

Recuerda además que en 2009, "el total facturado por la asesoría jurídica externa supera los límites establecidos para la contratación menor, lo que supone indicios de un fraccionamiento indebido".

Se ha comprobado también que "la variación de las masas salariales de los empleados entre mayo de 2010 y diciembre de 2010 resultando que, a excepción del director general, la variación entre ambas nóminas fue nula".