El empresario ruso Alexander Ermakov se enfrenta a tres años y medio de prisión por tratar de "engañar" a la Administración con la construcción un chalé ilegal en pleno parque periurbano del Naranco. El imputado es el promotor de la vivienda de Brañes que ayer trató de demoler el Ayuntamiento de Oviedo para "restaurar la legalidad urbanística" y dar cumplimiento a una resolución judicial. El ruso acompañó a la actual moradora de la vivienda (de quien asegura estar divorciado), la sevillana Beatriz Fernández, madre a su vez de los tres niños de corta edad que tuvieron juntos. Ambos se negaron a facilitar el acceso a los técnicos municipales y a la Policía Local, que levantó acta de lo sucedido, evitando el uso de la fuerza.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, además del empresario ruso también están imputados en este procedimiento judicial un arquitecto ovetense (le piden tres años de cárcel) y dos constructores que se enfrentan a penas de un año y medio de prisión. Sin concretar las circunstancias de su imputación, Ermakov aseguró ayer por la mañana, en declaraciones a los medios congregados a la puerta de la casa, que está buscando establecer "una vía de diálogo" con el Ayuntamiento para evitar la demolición hasta que se resuelva el asunto judicial por la vía penal. Él asegura ser inocente -señala como culpables al arquitecto y a los técnicos- y dice que su familia está viviendo "un drama social y humano". La vista oral en la que tendrá que declarar como imputado aún no tiene fecha.

El escrito de calificación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, presenta los hechos de otro modo bien diferente. El fiscal del caso -Alejandro Cabaleiro, delegado de Medio Ambiente y Urbanismo- asegura que Ermakov compró dos parcelas en el Naranco para hacerse una casa y puso el proyecto en manos de un arquitecto. Las dos parcelas están clasificadas como suelo no urbanizable, tienen categoría de especial protección, y además están incluidas en el Plan Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco. Esta normativa prohibe la edificación de vivienda nueva, si bien admite como posibilidad la rehabilitación y ampliación de viviendas ya existentes. Según la versión de la Fiscalía, el empresario y el arquitecto "de común acuerdo, tras informarse de las condiciones urbanísticas de las parcelas y guiados por el ánimo de engañar a la Administración" decidieron "aprovecharse" de que en una de las parcelas existía una edificación susceptible de reforma, por lo que "idearon" solicitar una licencia para cumplir este objetivo. Para el fiscal del caso lo que realmente pretendían era construir una casa nueva de tipo modular de madera en la otra parcela. Esta es la edificación sobre la que pesa una orden de demolición que ayer fue imposible llevar a cabo.

Todos los hechos fueron destapados por una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que visitó la finca en 2011. Unos meses después, y al margen de la vía judicial, el Ayuntamiento abrió un expediente de disciplina urbanística por el que se ordenaba la paralización de las obras. Una sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo confirmó en abril de 2013 la demolición.

Beatriz Fernández -quien asegura que solo dispone de 500 euros mensuales de pensión que le pasa Ermakov- criticó ayer que el Ayuntamiento le haya ofrecido irse con los niños "a un albergue social" mientras le buscan un piso de emergencia. También acusa a los gestores municipales de "obligarla" a firmar una declaración jurada manifestando que no es titular de ninguna vivienda "cuando saben que no es así, porque el juez me ha asignado ésta", en referencia al chalé del Naranco. "No van a parar esto, no entiendo por qué se dan tanta prisa", insistió ayer la mujer. Por su parte, Alexander Ermakov reclamó al Ayuntamiento "un diálogo sano" para evitar una demolición "que no beneficia a nadie".