El presupuesto destinado por el Colegio de Enfermería de Asturias a su boletín mensual pasó de 11.138 euros en el año 2005 a 237.000 euros en los años 2010 y 2011. Dicho de otra manera, se multiplicó por 21 en solo cinco años. Estos datos figuran en uno de los escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por un grupo de enfermeros que el año pasado denunció ante la fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por la junta de gobierno colegial, presidida por Emilio Losa. El documento de los denunciantes señala que la mencionada cuantía ha llegado a estar por encima del "coste final de los sueldos y seguros sociales de los empleados".
Según los promotores de la denuncia, la revista de la institución puede ser el eje del supuesto delito de apropiación indebida por el que Losa está imputado (investigado, según la nueva nomenclatura judicial). La jueza que investiga el caso, María Luisa Llaneza, acaba de reclamar al Colegio de Enfermería una serie de datos que los responsables de la corporación no enviaron pese a haber sido requeridos para ello hace unos meses. Se trata de los certificados de "las dietas abonadas en los últimos diez años" al presidente del Colegio, y de copias en soporte CD ROM del libro diario, el libro mayor y los libros auxiliares de caja y bancos.
La juez también ha exigido a la corporación de enfermeros los proyectos de presupuestos relativos al intervalo 2005-2015, el libro de actas del pleno de la junta de gobierno y de la junta general, y "las cuentas anuales firmadas y formuladas por el tesorero del Colegio". Asimismo, la magistrada Llaneza ha solicitado al Registro Mercantil de Asturias "las cuentas que han sido objeto de depósito por el Colegio" en los ejercicios fiscales 2005-2014. Estas peticiones están respaldadas por el fiscal, Gabriel Bernal.
Otra reclamación de la magistrada tiene como destinataria a BV Asesores Comunicación e Imagen, empresa que elabora la revista mensual del Colegio de Enfermería de Asturias. El interés de la juez se centra en los servicios que a dicha empresa -con domicilio social en Madrid- han prestado en los últimos diez años la compañía Loklark S. L. (dirigida y administrada por Marta Losa, hija de Emilio Losa) y Alfonso Román López, ex diputado autonómico del PP y vicepresidente del colegio profesional. La juez quiere saber también cuánto han cobrado por estos servicios.
BV Asesores ya había remitido al Juzgado un documento en el que indicaba que Alfonso Román recibe 2.000 euros mensuales (cantidad que no incluye IRPF) en virtud de un acuerdo vigente desde 2006 como compensación por sus trabajos periodísticos.
