Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, aún no sabe qué hacer con la parcela del Vasco y la promoción sin rematar de viviendas de lujo en la calle Víctor Chávarri. La entidad, que adquirió en febrero pasado el proyecto inacabado tras la quiebra de la empresa promotora, Jovellanos XXI, se había dado un plazo de dos meses para analizar la situación y decidir el futuro de la operación. Sin embargo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA por fuentes de Solvia, ocho meses después siguen sin saber qué hacer con una herencia tan incómoda.
En estos meses, Solvia ha estado analizando el estado de las obras, para barajar y valorar distintas alternativas que beneficien al banco, y también al municipio. Sin embargo, la salida no parece sencilla. La promoción, con las obras paralizadas desde 2013, consta de dos fases. La primera está rematada al 80 por ciento, y la segunda, aún sin empezar. En la parcela del Vasco, Jovellanos XXI (a través de la sociedad Vasco XXI) tenía pensado edificar más de un centenar de viviendas de lujo, oficinas, aparcamiento y un espacio para un centro comercial.
Lo que sí ha hecho Solvia en estos meses fue retirar las vallas de obra instaladas sobre la acera y asumir los trabajos para permitir el tránsito a los peatones por una de las márgenes de la acera de la calle Víctor Chávarri, intransitable por los resquicios de las obras paralizadas. Las obras respondieron a una petición formulada mucho tiempo atrás por el Ayuntamiento de Oviedo a los promotores de la urbanización del solar.
La sociedad Vasco XXI (una escisión de Jovellanos XXI para desarrollar est proyecto inmobiliario en Víctor Chávarri), está en concurso de acreedores desde hace casi dos años. Unos meses antes de la quiebra, en verano de 2013, la empresa tuvo que paralizar las obras y despedir a los trabajadores. Detrás de esta decisión estaban los problemas de financiación, el tira y afloja de la sociedad con la entidad bancaria que financia los trabajos, el Banco Sabadell, que finalmente ha tenido que quedarse con la promoción e intentar darle salida por medio de su inmobiliaria para reducir la morosidad.
La parcela del Vasco es una ficha más de la denominada "operación de los Palacios" de Calatrava, que investiga el Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo a petición de la Fiscalía del Principado, tras analizar las conclusiones de la comisión de investigación realizada, a instancias de IU, en el ámbito municipal durante el anterior mandato del PP. Además, recientemente el Ayuntamiento de Oviedo ha sabido que los administradores concursales de Jovellanos XXI le reclaman 96 millones de euros por las obras del palacio de Buenavista. Tal y como adelantó este periódico, los abogados consistoriales están trabajando en la respuesta a esta demanda. Los nuevos gestores municipales no están dispuestos a pagar "ni un euro más" por esta operación y el escrito de defensa insistirá en el pago en especie; es decir, que los promotores ya se habrían beneficiado con los terrenos, el aumento de la volumetría, el subsuelo para construir el aparcamiento subterráneo o el hotel.
La "operación de los Palacios" nació a principios de la década pasada para dotar a la ciudad de dos edificios emblemáticos con la firma del arquitecto Santiago Calatrava. Una década después, y tras numerosos avatares, las obras en la parcela de Buenavista finalizaron, pero la empresa que impulsó el proyecto (Jovellanos XXI) está en quiebra. En la otra parcela entregada por el Ayuntamiento de Oviedo para la operación (la del de pisos que han tenido que entregar al banco al no poder asumir su coste. La previsión de ventas y el ritmo real de comercialización de las 106 viviendas en plena crisis obligaron a parar las obras y a acudir al concurso de acreedores. La inmobiliaria del Sabadell, Solvia, no encuentra salida a este proyecto. Tras el fracaso de varias de las ideas que llegó a plantear el Ayuntamiento, el solar pasó íntegramente a manos de la empresa. Jovellanos XXI presentó primero un proyecto para construir tres torres diseñadas por Santiago Calatrava (el famoso "tridente") que chocó con el rechazo popular.
Más adelante, el Gobierno regional, presidido entonces por Vicente Álvarez Areces, impulsó y presentó un plan para levantar allí un Palacio de Justicia. El proyecto llegó a estar muy avanzado, pero se frustró a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida ante la Unión Europea, al entender que vulneraba las normas de adjudicación pública de obra.
Finalmente, los propietarios de la parcela tomaron la decisión de cambiar el sentido de la operación. Prescindieron del uso público previsto (y de la subvención) para desarrollar entonces el proyecto.
