El servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE tramitó en Asturias 36 peticiones de ayuda de docentes víctimas de situaciones conflictivas en el ejercicio de su profesión durante el curso escolar pasado. Es un 33% más que en el curso 2013-14, aunque en general con menor nivel de gravedad.

La encargada del programa en este sindicato, Montserrat Fernández, y el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, criticaron la "dejación" de la Administración educativa asturiana, que no desarrolla la ley de Autoridad del Profesor y que mantiene un decreto de deberes y derechos de los alumnos "que nació desde el buenismo pero que se ha demostrado laxo e ineficaz".

Rodríguez hizo hincapié a este respecto en que "es necesario que quien la haga la pague. Y se paga restituyendo el daño causado y pidiendo perdón, que es lo que hacen las personas. Con trabajos sociales y asumiendo la responsabilidad penal si procediera. Mandar a un alumno cinco días para casa como castigo no sirve para nada y, encima, cuando vuelve a clase lo hace en plan héroe".

De los 36 casos estudiados en Asturias, siete tienen que ver con problemas para dar clase, en general por la acción de los llamados "objetores escolares". Alumnos que "pasan de curso sin el nivel necesario y que se dedican a boicotear las clases", explicó Montserrat Fernández. Más del 80% de los profesores asturianos reconocen tener dificultades para mantener un clima propicio a su labor docente "y aquí no hay normas suficientes para atajar este problema, del que el 99% de los alumnos son víctimas".

Hay casuística variada. Cinco casos de falsas acusaciones contra profesores, seis de denuncias y acoso de las familias, otros tres casos de insultos, amenazas y acoso entre compañeros docentes y cuatro casos que tienen que ver con insultos y críticas a través de redes sociales.

El arma del Whatsapp

"En ellas intervienen alumnos y padres, pero cuando las críticas por Whatsapp, por ejemplo, son de las familias el lenguaje sube de tono. Se da un ejemplo terrible a los niños", dice Gumersindo Rodríguez.

En buena parte de los casos estudiados, la Administración "regala", en palabras del presidente de ANPE, un expediente informativo al profesor. "La Consejería de Educación hace oídos sordos a cualquier tipo de conflicto, y esto pasa también con algunos directores de colegios e institutos. Así que muchos profesores optan por callarse y la Inspección no se entera de lo que pasa", dicen los responsables del informe.

Un informe que sigue la tendencia de años anteriores: sube la conflictividad en Infantil y Primaria (20 casos) y baja en Secundaria (11 casos denunciados). Se trata de una conflictividad que tiene más que ver con las familias que con los alumnos.

Un 67% de los docentes asturianos no se ven apoyados por su equipo directivo ante situaciones de conflicto alrededor del aula. "Muchos se encuentran desamparados, los profesores que acuden a nosotros ya intentaron inútilmente solucionar su caso por otras vías, pero la Administración no ayuda", dijo Gumersindo Rodríguez, quien reclama que en el portal de la Consejería, Educastur, haya una ventana permanente donde se explique a los profesores el protocolo a seguir en caso de conflicto.

"Hay quien banaliza este tema y dice que no es para tanto. Nos parece un ejercicio de irresponsabilidad. Necesitamos más contundencia y agilidad por parte de la Administración". Los casos, aseguran en ANPE, se pierden en los vericuetos de la burocracia "y en determinadas circunstancias -añade Gumersindo Rodríguez- hay profesores que se plantean hasta abandonar la profesión, que es su medio de vida".

En la red pública asturiana trabajan unos 10.800 profesores, entre fijos e interinos.