David Ordóñez Solís, de 54 años y magistrado de lo contencioso en un juzgado ovetense y profesor del centro asociado de la UNED en Gijón, comenzó esta semana a impartir un curso sobre la ética pública en España y en la Unión Europea. Ordóñez, que antes de acceder a la judicatura fue asesor del Principado para asuntos europeos, es uno de los expertos en derecho de la UE del Consejo General del Poder Judicial.

-¿Qué es la ética?

-Es lo que está más allá del derecho. Hay comportamientos que no merecen un reproche disciplinario ni penal, sino de otro tipo. Pero la ética también está en todo el ordenamiento; todas las normas tienen una base ética y unos valores compartidos de una sociedad.

-¿Y en la función pública?

-Juega un papel muy importante. Los políticos, como todos, están sometidos al Código Penal o a las normas disciplinarias de su propio partido, pero también a unas normas de decencia.

-¿Cree que eso es factible cuando hay partidos que no apartan ni a sus imputados?

-Si un partido dice que no lo hace salvo que a sus militantes los imputen o los condene un juez, no está aplicando reglas éticas; se está escaqueando. No hace falta que lo condenen, basta con que lo reproche la sociedad.

-¿Problema endémico de España o se da en otros países?

-En otros países es parecido, en la medida en que sociedades como la nuestra necesitan representación y la dinámica de partidos, que se estudió hace ya 100 años, gira en torno a los aparatos. Ese tipo de organizaciones se resiste. Aquí estamos hablando de poder público y el poder es muy difícil de controlar.

-¿Qué pueden hacer?

-Si son indecentes o incluso lo parecen, queda la dimisión o la destitución. En España el Presidente del Gobierno nombra a todos los cargos y los puede destituir, por eso es importante que sea una persona decente y actúe en consecuencia. Los políticos representativos tienen unas protecciones y tienen que dimitir, pero a los nombrados, como los altos cargos, se les puede echar.

-En su curso también va a hablar sobre los funcionarios.

-El problema es que contra los funcionarios sólo cabrían medidas disciplinarias o penales, por el régimen que tienen. Las medidas disciplinarias están infrautilizadas. Otra cuestión es que lo mismo que se puede decidir echar a alguien por indecente, también podría ser que lo echen por que no les gusta y digan que es por indecente. Por eso los funcionarios tienen un estatuto protector, por eso la única manera de actuar contra los funcionarios es por vía disciplinaria. Lo que hay que crear es un caldo de cultivo de exigencia, diligencia y objetividad y hay colectivos que lo logran y en los que la gente confía, como los médicos y los maestros.

-¿Conoce el dicho, que se atribuye a algún funcionario de "al amigo, todo; al enemigo, ni agua y al indiferente, la legislación vigente"?

-Sí. Los funcionarios tienen mucho poder. Normalmente, deciden de manera objetiva. Hay que buscar la profesionalidad, que es la otra parte de la ética pública y que se ve en ámbitos como la Guardia Civil, que la semana pasada fue a sacar de la nieve un autocar que iba a una manifestación abertzale en Pamplona.

-¿Considera ético lo que los estados de la UE están haciendo con los refugiados sirios?

-En las relaciones internacionales no se aplica la ética, se aplica la razón de Estado y el egoísmo, y sobre todo en Europa el sálvese quien pueda. Lo bueno es que el ámbito internacional está cada vez más regulado y hay organizaciones muy dinámicas que actuarán para que eso sea así.

-¿Habla de ONG?

-Sí, claro.

-¿Y los estados?

-El Estado se liga al poder, actuará a su libre criterio y nos contará la película como le interese al poder. Por eso necesitamos una sociedad fuerte, con asociaciones y participación ciudadana.

-En el curso usted va a hablar sobre la ética de las instituciones europea, incluyendo los mecanismos de la lucha contra la corrupción.

-Aquí voy a contar el problema gravísimo que está teniendo España, que sistemáticamente surgen proyectos financiados por fondos europeos, algunos aquí cerca, que no se utilizaron bien o eso dice la UE. Tienen desde 1999 una unidad que es la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. España es uno de los países a los cuales se le están aplicando más correcciones financieras por parte de la Comisión Europea, por ejemplo por no cumplir las normas de contratación pública. Hay una impresión de la UE de que en España hay zonas y ámbitos sometidos a una corrupción sistemática. Eso repercute en la mayoría de las administraciones y empleados públicos, que son dignos.

-La UE lleva advirtiendo desde hace muchos años contra los procedimientos de contratación pública en España.

-Hay una responsabilidad grave del legislador. El Parlamento español, y los que en el mismo proponen, no han querido adaptarse a las directivas europeas desde hace más de 30 años.

-¿A qué cree que obedece?

-Las normas de contratación en la administración son algo enojoso y son más fáciles los atajos. Y también se tiende a querer "empresas de aquí". Y luego también hay cosas que se justifican diciendo que "era para amigos" o "era para gente del partido" y no sólo en España. Por ejemplo, eso es lo que pasaba en el Parlamento Europeo, donde los europarlamentarios pueden contratar a sus propios ayudantes o asistentes: Los de la derecha, contrataban a familiares, sin complejos; y los de la izquierda a quien les proponía el partido sin complejos también. Entonces, lo de la contratación pública yo lo he analizado desde hace mucho tiempo, comparando las directivas con las leyes españolas. Desde 1986 ya hubo cuatro reformas importantes; en 1986, en 1995, en 2000 y en 2007. Y siempre con el Tribunal de Justicia de la UE sentenciando que en España no se han aplicado correctamente las directivas europeas. Las directivas europeas tienen sólo unas cosas claras: Que se adjudique a la oferta más ventajosa; que no haya discriminación por razón de origen de la empresa; que haya publicidad, y que haya unos criterios claros y transparentes.

-¿Cree que está relacionado ese desinterés por adaptarse a la normas de contratación europeas con las mordidas de distintos partidos con adjudicaciones públicas?

-Yo creo que no, creo que exista presión de la propia administración. Yo no ve corruptos por todas partes. Hay gente indecente en todos los partidos, pero no hay un prototipo de corrupto.

-¿Hacen falta más leyes?

-En 2005 el Gobierno Zapatero aprobó el Código de Buen Gobierno y en 2013 una ley del Código de Buen Gobierno. Cuando hay algo mucho más simple, como es destituir, por ejemplo a altos cargos. Lo que necesitamos no es más BOE, sino más decencia; menos BOE y más decencia, porque si tenemos un nivel de indecencia generalizado es igual que hagamos todas las normas del mundo.

-Los lobbies son habituales en las instituciones europeas, ¿qué opina?

-Que funcionan de una manera más razonable que aquí.

-¿Por qué?

-Por la transparencia. En la medida en que haya más transparencia es más fácil de controlar. En España acaba de aprobar la semana pasada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un instrumento de transparencia. Los lobbies, que son grupos de interés, existen. El problema es que haya trasparencia. Si un Comisario europeo se reúne con un lobby y a los tres meses se toma una decisión que le favorece, se mira con lupa por qué se hizo.