La fiscal superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, solicitó ayer al Juzgado número dos de Oviedo que archive el proceso abierto en la denominada "operación de los Palacios", un caso en el que están implicados el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado y que engloba la construcción del Palacio de Congresos de Buenavista y el desarrollo urbanístico de la parcela del Vasco. La Fiscalía no aprecia ninguno de los cinco delitos denunciados (prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales) y considera que las denuncias, formulada en el año 2014 de forma separada por IU y por el PSOE tras una comisión de investigación en el Ayuntamiento, se basan "exclusivamente en sospechas o suposiciones" que desvirtúan el principio de presunción de inocencia.
En un escrito de 40 páginas, la Fiscalía concluye que no hay pruebas para respaldar una denuncia que reclamaba responsabilidades políticas y ponía en duda la conducta de varios dirigentes y funcionarios tanto de la administración local (entonces del PP) y la regional, del PSOE, así como a otros actores del proceso. Entre ellos el exalcalde popular Gabino de Lorenzo, el expresidente socialista del Principado Vicente Álvarez Areces, el arquitecto Santiago Calatrava o la empresa Jovellanos XXI.
De forma paralela, continúan en marcha y a la espera de sentencia las reclamaciones judiciales en la vía contencioso-administrativa presentadas por el Banco Santander y por el administrador concursal de Jovellanos XXI (promotora del edificio de Buenavista) en las que se pide al Ayuntamiento el pago de más de 96 millones de euros por haber retirado a Jovellanos XXI la explotación del Palacio.
La Fiscalía asegura que no se puede probar que durante el proceso se cometiese prevaricación administrativa, pero en ningún momento descarta irregularidades. Al contrario, reconoce "resoluciones administrativas contrarias a derecho" pero asegura que no bastan para que constituya un delito porque "una resolución ilegal no es, por ser ilegal, injusta". Este punto chirría a los tres socios del gobierno local (Somos, PSOE e IU), que confían en que sirva para que el juez desoiga al ministerio público y el proceso siga su curso en el Juzgado.
La Fiscalía sostiene que los denunciados tomaron decisiones "en función del interés público", "asesorados por los técnicos correspondientes" y "no de un modo arbitrario, caprichoso o discriminatorio" como se recogió en las conclusiones de la comisión de investigación municipal que el edil de IU Roberto Sánchez Ramos, presidente de la comisión, trasladó a la fiscal. Estas conclusiones, además de otra denuncia posterior del PSOE, fueron las que motivaron la apertura de diligencias que ahora la Fiscalía pide archivar.
La fiscal explica que tampoco consta que se prescindiera de informes técnicos por algún motivo especial como amistad o parentesco y sostiene que, por ello, las discrepancias de los partidos denunciantes son de carácter político o de índole técnico "por lo que nada tienen que ver con una actuación delictiva". El ministerio público tampoco aprecia "presiones, fuerza moral o ataques a la libertad de los funcionarios" que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias. La Fiscalía también descarta un delito de malversación de caudales públicos amparándose en que los gastos que se pudo ocasionar al Ayuntamiento no son objeto del ámbito penal.
De la misma forma, la Fiscalía tampoco prueba la existencia de un delito de fraude porque, dice, la denuncia está basada sobre una "narración de hechos mínima y de carácter genérico" que no sirve de base para el reconocimiento de este delito. Y en el caso del delito de exacciones ilegales (cuando un funcionario exige tarifas mayores a las legalmente establecidas), el ministerio público no encuentra pruebas porque en este caso es "indispensable que el empleado público determine libremente obrar de este modo".
La Fiscalía, pues, no encuentra indicios en ninguno de los cinco delitos denunciados y pide archivar las diligencias, reclamo que indignó ayer a los tres socios de gobierno. Dos de ellos, PSOE e IU, estaban entonces en la oposición y participaron en la denuncia. "Respetamos a la justicia, pero no estamos de acuerdo en absoluto con la decisión de la fiscal. No podemos permitir que alguno se vaya para casa con 100 millones en el bolsillo porque todo eso lo va a pagar Oviedo", aseguró ayer el edil Roberto Sánchez Ramos (IU). La concejala Ana Rivas (PSOE) pide esperar a la resolución judicial, pero señala que "en la cabeza de los ovetenses hay 96 millones de euros" y que "la fiscalía dice que no hay delito, no que no haya irregularidades. Que hay irregularidades es evidente, lo dijimos desde el principio", asegura. La líder de Somos, Ana Taboada, volvió a pedir al Ayuntamiento que se persone en la causa, algo que ya intentó en verano. "No sabemos qué investigación se hizo ni qué pruebas se analizaron. El Ayuntamiento se juega 96 millones y debe personarse y si no, lo hará Somos", señaló.
En el PP, Gerardo Antuña se mostró satisfecho por la petición de la Fiscalía y confió en que el juez archive la causa. "El proyecto se hizo de acuerdo a la legalidad y la denuncia siempre tuvo tintes electoralistas", dijo. Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, indicó que haya delitos o no "todo es fruto de una mala gestión por la que Oviedo tiene un problema de 96 millones".
