Las compañías de seguros personadas en la investigación del incendio de la calle Uría aúnan esfuerzos para buscar la forma de culpabilizar de algún modo al Ayuntamiento de Oviedo en la gestión de la extinción del fuego para cargarle parte de la factura por las responsabilidades, que no será pequeña. Hay mucho dinero en juego y todas las partes comienzan a trazar sus estrategias procesales para evitar el pago de cifras estratosféricas: más de tres millones si solo se toman como referente las pólizas de seguros de los dos edificios siniestrados, el 58 de Uría y el 25 de Melquiades Álvarez. A esta cantidad habría que sumar las reclamaciones de los afectados de los edificios colindantes y comerciantes, o la factura de la intervención de los bomberos, entre otros.
Por ejemplo, esta semana ya se ha visto en el juzgado cómo, la comunidad de propietarios de Uría 58 planteaba la paralización de la declaración en calidad de testigo del jefe de turno del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del día del incendio, al menos hasta recibir el informe de la Policía Científica, y en base a la declaración de la empleada del hogar que alertó del fuego y que posteriormente aseguró en Comisaría que cuando el fuego estaba comenzando, de las tres unidades de bomberos desplazadas al lugar para extinguirlo, dos retornaron a la base quedando solo una para labores de control. En realidad, lo que busca esta solicitud es la imputación de este mando de los bomberos, al entender que si se hubiese actuado de otra manera, los daños podrían haber sido menores. De momento, la juez instructora del caso, la magistrada titular de Instrucción 2, Simonet Quelle Coto, ha dicho que no, que ella tiene que avanzar con la fase previa de la instrucción y que no puede esperar por el informe de la Policía Científica porque sospecha que no será cosa de unos días. Así que, de momento, los mandos de los bomberos declararán sin la carga de "imputados", pero también sin la protección legal que implica esta figura.
Cuando la magistrada dice que no puede esperar por el informe de la Policía Científica sabe de lo que está hablando. Si bien la parte de la investigación policial relativa a la muerte en acto de servicio del bombero Eloy Palacio Alonso está prácticamente rematada, la otra parte, el esclarecimiento del origen, causas y circunstancias del incendio -en manos de la Unidad de Policía Científica- se prolongará durante meses.
Con suma discreción y calculando cada paso, los expertos del cuerpo policial se esfuerzan en hacer las cosas bien, precisamente por las elevadas cifras económicas que se manejan, y el reparto de responsabilidades. No es lo mismo que el incendio se haya originado en el techo del primer piso que en el suelo del segundo. También es importante determinar si ha habido algún tipo de acelerante que haya recrudecido el fuego hasta hacerlo prácticamente incontrolable. Tampoco es cuestión baladí si la estructura de madera del inmueble estaba preparada para soportar el recrecido de hormigón que se construyó en la última planta. Y mucho menos el papel de los medios de extinción durante el incendio: si faltó agua, si los mandos estuvieron a la altura de las circunstancias o si las bocas de riego de la calle estaban en óptimo estado de mantenimiento. En definitiva, la tarea que tienen por delante los policías al mando de Isaac Carrera, el veterano experto en incendios de la Jefatura Superior de Policía, no es poca.
Entre tanto, en el procedimiento judicial están personados ya alrededor de una docena de interesados, entre compañías aseguradoras, propietarios e inquilinos de los edificios. Los expertos consultados auguran un litigio judicial que durará varios años, los mismos que tardarán las calles Uría y Melquiades Álvarez en recuperar la normalidad.
