Un "error", pero "sin mala fe". Así valoró ayer el exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP), la decisión del equipo de gobierno municipal que entonces dirigía de no consignar el dinero para pagar la expropiación del palacete de "Villa Magdalena", a pesar de que había un acuerdo de Junta de Gobierno para hacerlo. Era el año 1998. "Es indudable que ha habido un error en el tema de la consignación, pero en ningún caso se hizo con mala fe", señaló ayer De Lorenzo, actual delegado del Gobierno en Asturias, durante una visita a Santa Eulalia de Oscos, donde inauguró el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

Según sostienen en el tripartito local (Somos, PSOE e IU), de haberse consignado ese dinero en el presupuesto municipal de entonces, se hubiera podido zanjar el pago y la cantidad que el Ayuntamiento hubiera desembolsado por la expropiación del edificio, ubicado en la avenida de Galicia y convertido hoy en una biblioteca, hubiera ascendido a 11,2 millones de euros y no a una cifra cercana a los 60 millones, como temen desde el gobierno tras la sentencia en contra del Ayuntamiento emitida el pasado miércoles por el Tribunal Supremo (TS) y que aboca al municipio a pagar otros 33 millones.

De Lorenzo admitió ayer que el fallo judicial es un "contratiempo serio" para la ciudad, pero defendió su gestión y la de su partido asegurando que desde ningún organismo competente se dijo que hubiera habido fraude ni mala intención en las decisiones tomadas por el PP en este asunto. "Todos los órganos judiciales y de control de las administraciones han dicho que no ha habido dolo", señaló De Lorenzo, al que el tripartito acusó anteayer de ser, junto al actual líder popular, Agustín Iglesias Caunedo, "responsable de esta infamia".

De Lorenzo disparó nuevamente contra el alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), al que acusó de que en estos once meses de poder "no hizo nada más que dar bandazos". El exregidor popular señaló que no había recibido ninguna llamada de López, al que el jueves amenazó con una querella por una frase que él considera que atentaba contra su honor y que puede ser constitutiva de delito. La declaración de Wenceslao López fue así: "Un amigo de Gabino compró por tres millones (el palacete) y ahora pide 60 al Ayuntamiento, no es casualidad".

De Lorenzo se mantuvo ayer firme en su amenaza de acudir al Juzgado por la vía penal: "Los insultos están incluidos en el sueldo y se puede considerar crítica política, pero las calumnias no, porque eso está incluido en el Código Penal y se llama delito", señaló el delegado del Gobierno, que añadió: "Si (Wenceslao López) tiene pruebas que justifiquen eso que dijo, pues me parece correcto, pero si no las tiene, tendrá que explicarse, si es que lo acepta el juez, o rectificar previamente, si es que lo hace".