El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), registró la semana pasada ante notario una carta en la que exige al concejal popular Gerardo Antuña que convoque cuanto antes al consejo liquidador de Cinturón Verde -la sociedad creada en la década de los noventa para la gestión y la venta de plazas de garaje en la ciudad- para aprobar sus cuentas y finiquitar la sociedad.
Antuña es el presidente del consejo liquidador de la sociedad, o eso aseguran en el tripartito local, pues el edil popular (y el resto de sus compañeros de partido presentes en él) presentó su dimisión el pasado mes de julio. En el gobierno local entienden que Antuña es la única persona facultada, en su condición de presidente, para convocar el consejo y proceder a la disolución de un ente por el que el Ayuntamiento asumió una deuda de más de 33 millones de euros. El regidor socialista registró ante notario el pasado uno de agosto la misiva que le envió a Antuña, en la que le solicitaba la convocatoria del órgano, indispensable para continuar con el proceso de liquidación.
En la misiva, que el notario entregó a María Paz Carrasco Ruiz de la Fuente, directora técnica mercantil de Cinturón Verde, para que se la hiciera llegar a Antuña, López advierte al edil popular de que tiene "la obligación" y la "responsabilidad" de convocar el órgano a pesar de su dimisión y que, si no lo hace en las próximas semanas, acudirá definitivamente a los tribunales. "Espero que usted comprenda que no sería para mí nada agradable recurrir a tal procedimiento", añade el regidor en la carta. López, no obstante, tiene asumido que es la última advertencia que le hará al concejal conservador. El siguiente paso será, como le avisó en la carta, recurrir a la vía judicial.
El enredo entre gobierno y oposición por la liquidación de Cinturón Verde saltó a finales de junio, cuando este periódico destapó que el proceso estaba bloqueado por la falta de aprobación de las cuentas de 2014 y 2015. El tripartito anunció una auditoría y acusó entonces al PP de tener "intereses ocultos" en que no se aprobaran las cuentas, extremo que los conservadores negaron. "Quien diga que hay intereses ocultos sólo puede ser por dos cosas: por mala fe o porque no tiene ganas de mirar las cuentas, porque en el consejo hay un concejal de gobierno [Roberto Sánchez Ramos, de IU]", señaló Gerardo Antuña en su día, poco antes de dimitir de su cargo. El concejal popular denunció también entonces que era "impresentable" que, un año después de salir del gobierno para estar en la oposición, siguiera él mismo presidiendo un consejo que suele corresponder al concejal de Economía, en este caso Rubén Rosón (Somos). "Un organismo como Cinturón Verde tiene que cambiar cuando cambia el gobierno", agregó Antuña.
Cinturón Verde promovió, por encargo municipal, once aparcamientos a lo largo de la ciudad con miles de plazas. En su último año de actividad sólo pudo vender once, dejando más de 3.000 plazas sin propietario.
