El gobierno local (Somos, PSOE e IU) calcula que lo que tendrá que pagar la ciudad por el Palacio de Congresos de Calatrava y el palacete de "Villa Magdalena" ascenderá a un total de 62,8 millones de euros, una factura que es superior a la prevista hace dos meses, cuando se conocieron las dos sentencias desfavorables para el Ayuntamiento. Esta cantidad representa un 30% del presupuesto actual de la ciudad.
La cifra consta en los informes técnicos que maneja el tripartito y que ayer pudo conocer LA NUEVA ESPAÑA. De esa cantidad, 35 millones de euros corresponden al palacete de "Villa Magdalena", ubicado en la avenida de Galicia, una estimación que incluye intereses y que en el tripartito consideran definitiva, pues la idea es que se empiece a pagar ya el año que viene. De hecho, supera en tres millones de euros a la calculada por el gobierno (32) el día que se conoció la sentencia. Con estos 35 millones, el coste total del palacete, convertido hoy en una biblioteca pública, ascenderá a unos 65 millones (el municipio abonó unos 30 desde 1997, año de su expropiación)
Para el Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava, los técnicos municipales estiman un desembolso de 27,8 millones, aunque en el tripartito matizan que la sentencia está recurrida por las dos partes y que puede haber nuevos cambios. No obstante, los técnicos no confían en que el montante final para el Ayuntamiento en esta operación sea más bajo de la citada cantidad.
La concejalía de Economía, dirigida por Rubén Rosón (Somos), ya tiene prevista una propuesta económica a partir de la cual definir la forma en que el municipio pagará las dos deudas. El primer paso, que se aprobará hoy en Junta de Gobierno, será la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Impulso Económico, un requisito obligatorio para poder pedir después financiación al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El plazo para la adhesión acaba el próximo martes y, según fuentes municipales, el Ayuntamiento cumple los requisitos para presentar la solicitud, entre ellos el de cumplir la estabilidad presupuestaria.
La de acudir a ICO es una de las tres posibilidades que maneja el gobierno para pagar la factura de 62,8 millones de las dos operaciones. "Si las condiciones del ICO no son las mejores, no optaremos por esta vía", matizó Rubén Rosón, concejal de Economía, que añadió que la adhesión al Fondo de Impulso Económico "lo que hace es abrir la puerta" a pedir financiación al ICO. El gobierno no descarta las opciones de pedir un crédito a un banco privado y afrontar parte de la deuda con distintos ajustes presupuestarios en los próximos años.
"Afrontaremos estos dos pufos con responsabilidad y garantizando las inversiones y el gasto social", señaló Rosón, que calificó de "auténtica ruina" el "desfalco para los ciudadanos" que supuso "la gestión del PP".
