La Delegación del Gobierno en Asturias ha requerido al Ayuntamiento de Oviedo la documentación relativa a la convocatoria de 29 plazas de interinos para las oficinas de la recaudación municipal de impuestos, que empezará a funcionar el año que viene. Según han informado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes oficiales consultadas en el organismo, la investigación es debida a "las dudas sobre su legalidad", al eludir con esta fórmula las tasas de reposición que fija la Ley de administraciones públicas. Ayer mismo, el gobierno local remitió al órgano que dirige el exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP), la documentación solicitada, que asimismo será enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "al objeto de su evaluación y análisis".
"Una obligación ineludible de la Delegación del Gobierno, siempre en el marco de sus competencias, es atender al cumplimiento de la normativa estatal por parte de las entidades locales", explicaron las mismas fuentes consultadas a preguntas de este periódico, sobre los motivos que han llevado al representante del Gobierno central en Asturias a iniciar estas pesquisas. "En aquellos supuestos en los que existan dudas sobre la legalidad de acuerdos adoptados por los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno tiene entre sus facultades la posibilidad de pedir información adicional sobre los mismos", añadieron desde el organismo, con sede en la plaza de España.
La Delegación del Gobierno ha concretado que la solicitud formulada se refiere a "información sobre el expediente por el que se convocan 29 plazas de funcionarios interinos en el ámbito recaudatorio" y que dicha información "ha tenido entrada en la Delegación del Gobierno de Asturias el 19 de agosto (ayer) y se trasladará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al objeto de su evaluación y análisis, siempre en el marco de las normas legales sobre función pública y de la legislación presupuestaria en vigor".
La fórmula
Mientras, el gobierno tripartito local (Somos, PSOE e IU) cree haber encontrado en la contratación de interinos la fórmula para "torear" las leyes estatales que rigen las administraciones públicas y que impiden al Ayuntamiento disponer de más personal, además de cumplir con la anunciada "remunicipalización" de servicios. Por ejemplo, siguiendo este sistema ya han repuesto siete plazas de bomberos en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La Agrupación Socialista Local (AMSO) ya ha salido a defender esta práctica como un acierto que atribuyen al "empeño personal" del alcalde, Wenceslao López.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno no es el único organismo que duda de la legalidad de esta convocatoria, abierta al público el pasado jueves. Así, la Asociación de Usuarios de la Sanidad (Asencro) también ha anunciado que impugnará las bases impulsadas por el tripartito local para contratar estos funcionarios interinos, aunque por unos motivos diferentes a los planteados por la Delegación del Gobierno. Asencro (presidida por la escritora asturiana y militante socialista Susana Pérez-Alonso) considera que las condiciones del concurso oposición planteado por el gobierno para acceder a los puestos "excluyen" a los discapacitados y a los autónomos, por lo que reclaman al gobierno "una vuelta de tuerca a los requisitos" para evitar un recurso contencioso en los tribunales.
