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El HUCA ostenta el récord de tardanza en aprobar un fármaco para el cáncer de piel

Un estudio de la Sociedad Española de Oncología desvela que Asturias tardó veintisiete meses en autorizar un tratamiento para el melanoma

Laboratorio de oncología del antiguo HUCA. LNE

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ostenta el récord de tardanza en la aplicación de un fármaco novedoso para el melanoma (cáncer maligno de piel). Así lo indica un estudio nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que acaba de ser publicado en la revista "Clinical and Translational Oncology". El informe abarca once medicamentos indicados para diversos tipos de cáncer. Ha sido realizado con el objetivo de determinar si todos los enfermos españoles tienen las mismas facilidades de acceso a este tipo de tratamientos o, por el contrario, las oportunidades varían en función del lugar de residencia. La conclusión es que el acceso a ciertos fármacos "depende de la región y del centro" en el que el enfermo es atendido.

La alusión a Asturias en el estudio se refiere a un fármaco denominado "Ipilimumab", indicado para el tratamiento del melanoma avanzado en pacientes adultos cuando el proceso tumoral se halla en fase metastásica y se considera irresecable. El dato llamativo es que el Principado fue la comunidad autónoma en la que más se tardó en autorizar el uso de este medicamento: 27 meses después de que fuera aprobado por los organismos reguladores de fármacos de ámbito nacional e internacional. El tratamiento recibió luz verde a petición de un especialista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El promedio de tardanza fue de 19 meses, con Andalucía como región más rápida (8 meses).

En los diez medicamentos restantes objeto del informe no existen datos para Asturias. Esta ausencia se debe a que la comisiones evaluadora de la región o bien no ha recibido ninguna solicitud para aplicarlos o bien la ha recibido pero no ha respondido. Este bajo nivel de aplicación de los nuevos tratamientos es igual al de Navarra y Murcia (que también tienen aprobado sólo uno de los once tratamientos) y superior al del País Vasco y Extremadura (que no tienen autorizado ninguno). En las otras regiones se ha recurrido en mayor medida a estos fármacos.

La aplicación de tratamientos novedosos remite de forma directa a las comisiones evaluadoras de los nuevos fármacos que funcionan en cada región. En el caso de Asturias, desde hace tres años está en marcha la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP), entre cuyos objetivos figura la consecución de "mayores niveles de transparencia en la toma de decisiones, garantizar la equidad en el acceso de los pacientes a los tratamientos y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario público del Principado de Asturias", según explica la Consejería de Sanidad.

El estudio de los oncólogos españoles da por sentado que este objetivo no se materializa en el conjunto del país. Según el informe, existe un cierto número de comisiones, cuya decisión es vinculante, que actúan "sin un criterio común que determine las condiciones de uso" de los fármacos ya aprobados por las autoridades del sector. El estudio observa, asimismo, "variabilidad en la composición de estas comisiones, en la toma de decisión y en las conclusiones".

La SEOM ya había alertado de las desigualdades en el acceso a nuevos fármacos en función de la comunidad autónoma en la que se vive. Los nuevos medicamentos suelen ser analizados con lupa por dos razones fundamentales: su alto coste y su, en ocasiones, limitada eficacia. Una de las grandes cuestiones que han de dirimir los miembros de la CURMP en cada fármaco que someten a análisis es si las ventajas que que aporta, con relación a los que ya están en el mercado, justifica el gasto que ocasiona.

Hace hoy justamente tres años, este periódico informó de la presentación ante la Fiscalía asturiana de una denuncia formulada por un grupo de familias de enfermos de cáncer de la región por la denegación de tratamientos que consideraban eficaces e imprescindibles para sus familiares. Las denuncias se dirigían contra el Servicio de Salud del Principado (Sespa), y finalmente fueron archivadas. En los meses precedentes, se habían suscitado varias quejas y reclamaciones relativas a la presunta negativa a aplicar el ya mencionado "ipilimumab" y el "acetato de abiraterona", para el cáncer de próstata.

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