El derribo del chalé ilegal del empresario ruso Alexander Ermakov, construido en pleno parque periurbano del Naranco, es inminente. El Ayuntamiento de Oviedo ha ganado todos los recursos presentados por la actual moradora de la vivienda, Beatriz Fernández, madre de los tres hijos de corta edad que la pareja tuvo en común. Fuentes consultadas en el área de Urbanismo explicaron a LA NUEVA ESPAÑA que la administración local está a la espera de que se le conceda judicialmente la autorización para entrar en el domicilio y proceder al derribo. Entre tanto, para lo que aún no hay fecha es para el juicio penal al que se enfrenta el empresario (la Fiscalía del Principado le pide tres años y medio de cárcel) por la construcción de la vivienda.
Hace justo un año, en septiembre de 2015, la familia se negó a autorizar de forma voluntaria la entrada a su casa para dar cumplimiento a una orden judicial de derribo que permitiría restaurar la legalidad urbanística. La Policía Local levantó acta de lo sucedido y evitó acceder por la fuerza. Después llegaron los recursos, que finalmente ha ganado el Ayuntamiento de Oviedo.
Alexander Ermakov podría ir a prisión por "engañar" a la Administración con la construcción de este chalé ilegal. Además del empresario ruso también están imputados en este procedimiento judicial un arquitecto ovetense (tres años de cárcel) y dos constructores que se enfrentan a penas de un año y medio de prisión.
El fiscal del caso, Alejandro Cabaleiro, asegura que Ermakov compró dos parcelas en el Naranco para hacerse una casa y puso el proyecto en manos de un arquitecto. Las dos parcelas están clasificadas como suelo no urbanizable, tienen categoría de especial protección. Esta normativa prohibe la edificación de vivienda nueva, si bien admite como posibilidad la rehabilitación y ampliación de viviendas ya existentes. Según la versión de la Fiscalía, el empresario y el arquitecto "de común acuerdo, guiados por el ánimo de engañar a la Administración" decidieron "aprovecharse" de que en una de las parcelas existía una edificación susceptible de reforma, por lo que "idearon" solicitar una licencia para cumplir este objetivo. Para el fiscal del caso lo que realmente pretendían era construir una casa nueva de tipo modular de madera en la otra parcela. Esta es la edificación sobre la que pesa una orden de demolición.
