Un recurso judicial interpuesto el pasado viernes por 29 trabajadores de La Auxiliar de Recaudación -la empresa que gestiona el cobro de impuestos en la ciudad desde el año 2008- ha puesto en peligro el proceso de remunicipalización de este servicio, impulsado por el tripartito local (Somos, PSOE e IU). Los empleados, que perderán su trabajo en la empresa el próximo 31 de diciembre, cuando el servicio pasará a depender del Ayuntamiento, dudan de la legalidad de las bases impulsadas por el gobierno para contratar a 29 funcionarios interinos. No sólo piden la nulidad de la selección del personal sino que exigen la paralización cautelar del proceso de remunicipalización. "Sería más grave continuar con el proceso que paralizarlo ahora", advirtieron ayer a este diario fuentes jurídicas conocedoras de la demanda.

El recurso, que ya está en el juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Oviedo, llega a tres meses de la reversión a lo público del servicio y en un momento crítico para el tripartito, que todavía no tiene cerrado ni el local ni las fechas para los exámenes de la oposición. Los tiempos se le echan encima al gobierno, que de tener una decisión judicial desfavorable que obligue a congelar el proceso se podría ver abocado a dar otra prórroga a La Auxiliar de Recaudación.

En el seno del gobierno ya son conocedores de la situación y de sus "riesgos reales". Ayer por la tarde, en el Ayuntamiento se recibió por registro la interposición del recurso. Varios de las demandantes confirmaron después, a última hora del día, que habían registrado un texto explicativo con el objetivo de "informar" a los funcionarios y a los cinco grupos políticos de los motivos que les movieron a presentar la demanda.

Los empleados de La Auxiliar, que fueron los primeros en hacerle un escrache al gobierno, ponen en duda varios acuerdos municipales relacionados con la remunicipalización. Pero inciden en el momento de la aprobación en Junta de Gobierno de las bases para contratar a 29 interinos -realizada en julio con el concejal de Personal de vacaciones- así como las dos modificaciones que se hicieron después y también la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los demandantes piden que se paralice el proceso porque "sino el prejuicio va a ser de imposible reparación".

El gobierno se encuentra pues con un obstáculo para llevar a cabo una de sus grandes apuestas. El caso encuentra paralelismo con lo sucedido con el cierre de El Asturcón. Los usuarios pidieron en un juzgado la paralización cautelar del proceso, pero se les fue denegada.