El gobierno local (Somos, PSOE e IU) abrió ayer una investigación para esclarecer si en la perrera municipal, situada en La Bolgachina, se están practicando sacrificios masivos de animales sin los pertinentes informes veterinarios que los autoricen. En el área de Salud, dirigida por Mercedes González (Somos), se tiene la sospecha de que, en las últimas semanas, se ha acabado con la vida de unos 70 gatos con el objetivo de reducir la sobrepoblación del albergue, que en el último recuento oficial, del pasado 8 de junio, contaba con una población total de 526 animales (323 perros, 170 gatos y 33 de otras especies), 181 más de su capacidad oficial (250 perros, 70 gatos y 25 de otras especies).

Según pudo conocer ayer LA NUEVA ESPAÑA, la concejala de Salud, Mercedes González (Somos), visitó por la mañana la instalación acompañada de dos representantes del colectivo PEPA (Plataforma de Entidades de Protección Animal), que fue quien alertó del presunto "exterminio de animales" en la instalación, como consta en la denuncia que ha preparado ANADEL (Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad) para llevar al juzgado. Allí, en las instalaciones de La Bolgachina, González constató que, efectivamente, el número de animales, especialmente el de gatos, se había reducido "de manera importante" en pocas semanas, según confirman a este periódico testigos presenciales. La edil pidió explicaciones a los trabajadores y les exigió el libro de los registros de las entradas y salidas de los animales, donde constan los movimientos y se controla el funcionamiento del albergue, pero no se le fue facilitado alegando desconocer su ubicación. Los responsables de la perrera, no obstante, emplazaron a la edil a una reunión esta semana para entregarle, días después, el citado libro de registros.

Según las mismas fuentes, algunos de los empleados admitieron que se habían realizado sacrificios de gatos en los últimos días. En un primer momento, explican estas fuentes, los empleados señalaron que tenían el "visto bueno" de los veterinarios y que había habido una enfermedad que aconsejaba el sacrificio masivo de gatos, pero luego, siempre según las mismas fuentes, tras presiones de la concejala y de las representantes animalistas, uno de los trabajadores confesó que los gatos habían sido sacrificados "en la propia perrera por los propios empleados", que "les adormecían y les aplicaban la eutanasia". De hecho, la edil pidió los informes veterinarios que avalasen los sacrificios, que no se le fueron entregados.

Mercedes González no descarta que se hayan producido estas situaciones a espaldas de la concejalía y, por ello, ayer mismo ordenó una investigación inmediata. De hecho, al mediodía ya había puesto la situación en conocimiento del departamento jurídico del Ayuntamiento. Esta semana, la edil de Somos espera tener otra reunión con la veterinaria responsable del servicio que, según distintas fuentes municipales, podría haber presionado a los trabajadores en los últimos meses para que redujeran la población de la perrera, consciente de que el nuevo pliego de condiciones obliga a los adjudicatarios a respetar los límites y a "adaptar" la instalación a la capacidad marcada.

En el fondo de toda esta situación aparece un contrato de un millón de euros, que es lo que establecen los pliegos aprobados en julio por el tripartito para gestionar durante los dos próximos años la perrera, que lleva dos décadas en las mismas manos. De momento todo está en estudio. Hay dos aspirantes. Un veterinario de la ciudad, al que respalda el colegio de veterinarios, y otra opción a nombre de una mujer a la que se le relaciona con una empresa de Siero, de la que recelan los animalistas. En los últimas semanas, la veterinaria responsable del servicio fue vista varias veces con el dueño de esta empresa de Siero en la perrera, lo que ha creado malestar en los animalistas. En este sector temen que existan preferencias por esta opción y que, como consecuencia, se estaría reduciendo la población del albergue para "favorecer" su candidatura.