En todo este follón de la perrera municipal hay una cosa que se ve: los animales. Y otra cosa que no se ve: los euros. Los animales: 526, según el último recuento oficial: 323 perros, 170 gatos y 33 de otras especies. Y los euros: un millón largo repartido en cuatro plazos durante los próximos dos años, que es lo que el Ayuntamiento dará a la empresa que en poco menos de veinte días entre a gestionar la instalación de La Bolgachina.
Conviene no dejarse caer hacia ningún extremo, ni hacia el de la sensibilidad animal ni hacia el del negocio, para hacerse una fotografía lo más fiable posible de lo que, en realidad, no es más que otra lucha de intereses entre asociaciones y empresas por hacerse con un jugoso contrato. Porque suele pasar que donde no hay euros no hay pelea.
A ver: la perrera ovetense lleva 22 años en manos de la misma protectora. Sobre ella pesan decenas de sospechas de malas prácticas e irregularidades, pero la realidad es que, después de tanto tiempo y varios mandatos del PP, ahí sigue. El tripartito, con su política de "sacrificio cero", llega y decide cambiar la gestión. Mejorarla. Así que saca unos pliegos e impulsa un concurso público. Esta primera versión de los pliegos es rechazada, inmediatamente, por los animalistas, generalmente ruidosos en sus denuncias. Que con esos pliegos el gobierno va a convertir la perrera en un "horno crematorio", argumentan. Consiguen tumbar los pliegos, que el tripartito les escuche, elabore otros nuevos y, de paso, prorrogue el contrato con la protectora que nadie quiere.
La sorpresa
El caso es que en verano se aprueba la nueva versión y se reciben las ofertas. Hay dos: una de la clínica veterinaria Quirós y otra de una empresa llamada Can Mar de Siero, adiestradora de perros, con bastante "mala fama" en el Ayuntamiento. Para sorpresa de la edil de Salud, Mercedes González (Somos), los animalistas no están. Después de todo, no se presentan.
La explicación que dan es que no pueden asumir las nóminas de los seis trabajadores del albergue que el gobierno exige subrogar. El contrato es de un millón de euros, pero al parecer no les salen las cuentas. O eso dicen. Los euros.
Prefieren no tener que pagar nóminas a nadie que no desean. Así que exigen al gobierno que paralice otra vez el proceso y que haga nuevos pliegos. No quieren tener que asumir a unos trabajadores que, si el gobierno accede a la petición animalista, que no lo hará, se quedarían todos en el paro, la mitad cerca de la jubilación.
Conscientes de que el proceso no se detendrá, los animalistas envidan denunciando un "sacrificio masivo" de gatos. Más presión. Como tiene sospechas de que puede ser realidad, el gobierno inicia una investigación, pero no detiene los pliegos. A los animalistas no les vale sólo eso. Quieren nuevos pliegos para acceder el contrato. Los euros.
