Ángel FIDALGO
"Cualquier persona, incluidas las extranjeras y las que se encuentran en situación irregular en España, puede tener derecho a la justicia gratuita". Así lo aseguró ayer Ignacio Cuesta Areces, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, que explicó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el derecho constitucional a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita.
Y Cuesta Areces lo hizo durante la primera conferencia del ciclo organizado en colaboración con el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo, que tuvo el epígrafe "La abogacía, una profesión al servicio de la ciudadanía". El conferenciante fue presentado por Luis Carlos Albo Aguirre, abogado y director del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO).
El acceso a la justicia es, además, un derecho básico reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es, además, un derecho constitucional que comprende la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos suficientes para litigar, "incluidos los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos económicos, junto con las personas que se encuentran en situación de irregular en España", señaló el conferenciante, al tiempo que ampliaba este derecho a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos, menores de edad y personas con deficiencias mentales. También tienen derecho a la justicia gratuita las personas que a causa de un accidente tengan una gran invalidez.
Ignacio Cuesta puntualizó que todas las personas cuyos ingresos no superen dos veces y media el salario mínimo, es decir, las que cobran menos de 1.327,5 euros al mes, tienen derecho a la justicia gratuita.
"Todo esto hace que el sistema español de asistencia jurídica gratuita sea, sin duda alguna, el mejor del mundo", aseguró el conferenciante, para después destacar el notable incremento que en estas asistencias tuvo el Colegio de Abogados de Oviedo. "En el año 2006 tuvimos seis mil solicitudes de asistencia gratuita, y en los años siguientes llegó a las catorce mil".
La justicia gratuita es un servicio público que está financiado con fondos públicos, cuya gestión está encomendada legalmente a la Abogacía de forma exclusiva, respecto de la defensa jurídica, y a la Procuradoría, para la representación del ciudadano. Apenas representa un seis por ciento de los presupuestos de justicia del conjunto del Estado, incluidas las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
La próxima conferencia de este ciclo será el día 25 de este mes.
