La Consejería de Sanidad considera imposible ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Principado a repetir un examen de una oposición en la que 23 especialistas en medicina interna obtuvieron plaza fija. El Alto Tribunal había anulado la segunda prueba del proceso selectivo alegando que se habían producido filtraciones de preguntas entre algunos miembros del tribunal y determinados opositores. Ahora, ocho meses después de dictada la sentencia, Sanidad acaba de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que no se aplique una resolución judicial que conllevaría quitar la plaza a los citados especialistas, que desde 2011 disponen de un puesto fijo en diversos hospitales del Servicio de Salud del Principado (Sespa).
En consecuencia, el espinoso asunto queda en manos de la misma sala, la de lo Contencioso-Administrativo, que en su día dictaminó que en el concurso-oposición no se había producido irregularidad alguna, y que más tarde vio cómo el Supremo resolvía exactamente lo contrario. Con todo, que sea la misma sala no significa necesariamente que lo juzguen los mismos magistrados. En todo caso, será el Supremo el que diga la última palabra en el caso de que la resolución que adopten los jueces asturianos no satisfaga a alguna de las partes en conflicto.
Después de meses de incertidumbres, rumores y comentarios contradictorios respecto a una sentencia de enorme repercusión en el ámbito sanitario y en otros espacios de la Administración regional, el Gobierno ha adoptado una decisión que a muy pocos dejará indiferentes: plantear la imposibilidad material de ejecución de una sentencia.
La opción alternativa consistía en retrotraer las actuaciones al inicio del segundo examen, designar un nuevo tribunal y repetir el proceso a partir de ese momento. En ese supuesto, la Administración disponía de dos posibilidades. Una, más radical: despojar, ya de entrada, de la plaza fija a los 23 opositores que la habían obtenido, y desarrollar todo el proceso selectivo pendiente. Otra, un poco más suave: repetir el segundo examen, baremar, ver los resultados finales y, en función de éstos, determinar cuáles de los 23 candidatos mantenían su condición de personal fijos y cuáles, por no haber superado el concurso-oposición, la perdían.
Pero el Ejecutivo asturiano se ha inclinado por una medida inusual y llamada a generar una fuerte controversia. En particular, si se tiene en cuenta que está muy próximo el inicio de los nuevos procesos selectivos de médicos especialistas, y que los opositores están muy pendientes de la adopción, por parte del Gobierno asturiano, de medidas que repiten las irregularidades del proceso selectivo de medicina interna y de otros de la misma oferta pública de empleo de 2011, entre ellos los correspondientes a las especialidades de rehabilitación y medicina interna.
En un manifiesto hecho público el pasado mes de abril, 149 facultativos de la sanidad pública asturiana, en su mayoría interinos y eventuales que competirán por una plaza fija en los próximos procesos selectivos, reclamaron a la Consejería de Sanidad la introducción de cambios en la ejecución de las pruebas con el objetivo de evitar que los "amiguismos" y las "trampas" desempeñen un papel determinante en los resultados finales.
Según fuentes del sector sanitario, la solicitud del Principado de no ejecutar la sentencia del Supremo argumenta con un caso acontecido en Extremadura y que afectaba a una elevada cifra de enfermeros. En el caso extremeño, el Supremo acabó dando la razón a la Junta de Extremadura, y aceptando que no era posible ejecutar la sentencia que suponía despojarles de las plazas fijas que habían conseguido en el proceso selectivo.
Los incidentes registrados en el concurso-oposición de medicina interna están teniendo derivadas de notable relieve. Sin ir más lejos, la Junta General del Principado debatirá en el Pleno del viernes de la próxima semana una proposición de ley planteada por Podemos que propone modificar la estructura de los exámenes de las próximas oposiciones de médicos especialistas. En la norma planteada por el partido morado, de tramitación urgente y lectura única, se establece un tipo de ejercicios que garanticen "el anonimato de las respuestas de cada aspirante, de modo que el Tribunal no pueda conocer a quién pertenecen los formularios de respuesta hasta que se establezca la puntuación definitiva". La urgencia de la tramitación obedece, según el diputado podemista Andrés Fernández Vilanova, a que, de otro modo, "su aprobación no llegaría a tiempo de evitar que el clientelismo y la arbitrariedad volvieran a empañar los procesos de selección de personal sanitario en la OPE 2016".
Esta proposición de ley ha sido recibida por el Gobierno asturiano con un informe desfavorable. Según el Ejecutivo regional, "el ordenamiento tiene mecanismos jurídicos suficientes para reaccionar" frente a posibles actuaciones irregulares de algún miembro de un tribunal.
