El consejero de Sanidad del Principado cifró ayer en unos 1.000 millones de euros el coste que para la sanidad pública española supondría la aplicación del auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que los empleados públicos temporales deben tener las mismas condiciones salariales que los que ocupan una plaza fija. Si esta cifra global es aplicada al peso de Asturias dentro de España, se deduce que el coste del pronunciamiento judicial para la sanidad pública regional podría rondar los 22 millones de euros.
Francisco del Busto se refirió a una reciente reunión del Consejo Interterritorial de Salud. En ese encuentro, el consejero asturiano apostó por ampliar las tasas de reposición de jubilaciones "para disminuir la interinidad". "Más o menos, todas las comunidades estamos en una misma línea. Asturias tiene un 63 por ciento de fijos, casi un 24 por ciento de interinos y después de la OPE estamos en un 13 por ciento de eventualidad. Con la nueva OPE bajaremos considerablemente estos datos", indicó Del Busto, quien agregó que el auto europeo "pondría en serio peligro la sostenibilidad del sistema sanitario".
