Nadie en el equipo de gobierno local, salvo Rubén Rosón y quizás sus compañeros de Somos, está al tanto de las posibles irregularidades en la gestión del servicio municipal de abastecimiento de aguas por parte de la empresa Aqualia denunciadas por ese concejal tras su asistencia al Encuentro de Ciudades por el Agua pública, que se celebró en Madrid el pasado viernes. Ni siquiera está al corriente la concejala delegada de Aguas, la socialista Ana Rivas, que ayer se desayunó con la noticia, leyendo en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA cómo Rosón cuestionaba la gestión de uno de los servicios municipales privatizados por el PP.
"A mí me ha dejado muy preocupada si, como dice, existen irregularidades en la gestión de la empresa, pero me preocupa aún más enterarme por el periódico de que el concejal de Economía tiene esa información y no me la ha hecho llegar", manifestó Rivas.
Ni la responsable municipal de Aguas ni los concejales de IU, que también forman parte del gobierno local, estaban informados de las sospechas y dudas de Rubén Rosón, que califica de "preocupante" la situación de la concesión, por el estado de las instalaciones -citaba concretamente los hidrantes de la calle Uría, que el día del incendio en un inmueble de esa calle no estaban en condiciones óptimas- y por la imposibilidad de "saber cómo y qué están cobrando", dado que es un servicio de cobro directo.
La portavoz municipal de IU, Cristina Pontón, también declaraba ayer que en su grupo no se tiene "conocimiento de nada de eso". "Espero que si tiene esa preocupación y esas sospechas son fundadas lo haga saber al resto del equipo de gobierno, sobre todo porque la de Aguas no es su área", agregó Pontón, refiriéndose a Rubén Rosón. A continuación puntualizó que antes de salir a la arena pública con declaraciones como esa, Rosón tiene a su disposición "órganos para hablar de ello. La junta de gobierno debería servir para eso, pero no lo ha hablado allí, tampoco en la junta de portavoces ni siquiera en los pasillos". Según Pontón, IU "no tiene conocimiento fehaciente de las irregularidades ni de las sospechas del concejal".
LA NUEVA ESPAÑA también consultó ayer a la empresa concesionaria del servicio, la filial de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) Aqualia, sobre las suspicacias vertidas por el concejal ovetense. Todo lo que el portavoz de la empresa estuvo dispuesto a decir es que "Aqualia cumple escrupulosamente con el pliego de condiciones y el contrato" que mantiene con el Ayuntamiento de Oviedo desde el año 1996.
Ana Rivas, concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos de Oviedo -entre cuyas delegaciones está la de Aguas y Saneamiento- reconoció su desconcierto ante las declaraciones de su compañero de gobierno. "No sé si se refiere a irregularidades actuales o del pasado, no sé si ha hecho ya la auditoría que tenía prevista o no, y me preocupa que si tiene esa información no me la haya comunicado", dijo.
En cualquier caso, Rivas, que tiene una larga experiencia en la Administración pública, diferencia entre irregularidades o incumplimientos del contrato y los desacuerdos con ciertos aspectos de la concesión. "Nadie en el gobierno local quiere ese modelo de gestión, pero tenemos un contrato que nos ata muy fuerte", razonó. Explicó que ella misma difiere de la interpretación que la empresa hace de algunos aspectos de los pliegos de contratación. "Así se lo he trasladado a la empresa y en ellos estamos, intentando llegar a un entendimiento. Una cosa es que no te gusten las condiciones del contrato y otra que haya irregularidades", añadió.
La modificación de las condiciones de la concesión del servicio de aguas o de su rescisión, explicó la concejala socialista, conlleva una cuantiosa compensación a la adjudicataria, que debería salir de los bolsillos de los ciudadanos, y eso, en opinión de Rivas, "sí sería darle dinero a la empresa por nada". "No es un contrato, como el del servicio de recaudación, sino una concesión", indicó, lo que añade complejidad a cualquier revisión de los pliegos de condiciones. Además, "cualquier cambio hay que compensarlo", añadió,
Ana Rivas señaló que, a día de hoy y más aún cuando aún no está resuelto el futuro del servicio municipal de recaudación, el Ayuntamiento "no está en condiciones de plantearse una remunicipalización del Agua, uno de los servicios en los que", según reconoció, "sería más deseable recuperar la gestión pública".
De todos modos, la concejala de Aguas lamenta no haber sabido antes y de primera mano de las irregularidades de las que Rubén Rosón dice tener sospechas. "Todas las semanas nos reunimos y alguna vez me ha preguntado cosas sobre la contrata, que no son irregularidades aunque no estemos de acuerdo con ello", explicó la edil del PSOE.
Rubén Rosón destapó sus temores sobre la gestión de Aqualia en Oviedo tras asistir al Encuentro de Ciudades por el Agua pública, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la Red Agua Pública (RAP), que está integrada por colectivos sociales, ambientales, sindicales y políticos que defienden la gestión pública del servicio de abastecimiento de aguas.
"Vamos a poner la lupa para que no se vayan millones de euros por el retrete", declaró al salir de las reuniones, aunque también es consciente de que para rescindir la concesión la empresa tendría que "incumplir de manera flagrante y gravosa el articulado del pliego de condiciones" o bien tendría que comprobarse "que hubiese actuado de mala fe durante muchos años sabiendo que está incumpliendo y entrar a partir de ahí en un proceso judicial".
El concejal de Economía hace declaraciones sobre la necesidad de "extremar los controles a Aqualia, porque nos da la sensación de que no está cumpliendo al cien por cien el pliego de condiciones". Entre tanto, sus socios en el gobierno de Oviedo están esperando que les dé a conocer los fundamentos de sus recelos sobre el funcionamiento de la concesión.
