La revisión del Catastro consiste en un procedimiento administrativo ejecutado por la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda) que incluye la Ponencia de Valores, una especie de sondeo llevado a término por especialistas para reconocer los valores medios de mercado.

Pero lo que el equipo del abogado Arturo Fernández-Vigil García logró detectar es que "las muestras de locales comerciales eran trece para todo la ciudad, y además incluyendo los más caros", lo cual elevaba sensiblemente la media de valores.

Esta constatación condujo a una impugnación de la valoración catastral del local de la calle Independencia ante la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, que fue rechazada. El paso siguiente fue la apelación al Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias, que fue desestimada. Por último, el camino restante fue el del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha dado la razón a los recurrentes.

El Catastro de 2012 contiene "precios del boom inmobiliario", sostiene el abogado, lo que significa que la ponencia utilizó cifras correspondientes a 2009 y 2010, años en los que la crisis inmobiliaria española comenzaba a dar señales alarmantes, pero con cierto retardo respecto al hundimiento producido en Estados Unidos en el otoño de 2008.

Es decir, las cifras recogidas por el sondeo no eran las de la crisis que inmediatamente se produjo, sino justo las anteriores. A resultas de dicho cálculo, los comercios de Oviedo podían estar pagando hasta un 40 por ciento más de IBI. Una vez desestimado el valor catastral del inmueble de referencia, el TSJA señala que el método correcto de valoración es el de capitalización de rentas.