El fiscal de menores del Principado, Jorge Fernández Caldevilla, sostiene que "la inmensa mayoría" de los delincuentes juveniles "son chavales que han metido la pata y que con un pequeño correctivo no volverán a tener problemas con la justicia"; y afirma que "la justicia de menores debe ayudarles a que superen los problemas que les llevaron a delinquir y tener un carácter educativo". El fiscal de menores de Asturias fue el ponente invitado de ayer en el ciclo "La abogacía, una profesión al servicio de la ciudadanía", que organiza el Colegio de Abogados de Oviedo y que se celebra en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. En esta ocasión, María Escanciano coordinadora del área de Penal del Centro de Estudios del Colegio, presentó el acto, en el que Fernández Caldevilla dio cuenta de la evolución de la delincuencia juvenil en los últimos años.

"Los delitos graves en menores son una excepción", señaló el fiscal. Los más comunes son, según explicó, los delitos contra la propiedad y en el último año los pequeños robos con intimidación perpetrados por menores han descendido un 35 por ciento.

Caldevilla admitió que hay crímenes cometidos por menores que resultan escalofriantes. Repasó algunos de los más sangrientos en Asturias en los últimos años y acabó por el crimen de Vallobín, en 2009, y el de la calle Félix Aramburu -un joven de 17 años que mató a su tía y acuchilló a su abuela-, ese mismo año. Calificó el de Vallobín -que acabó con el descuartizamiento de una mujer- como "de película de terror". La menor implicada en este último, según Caldevilla, fue la primera en ser condenada a cumplir la pena más grave prevista por la justicia hasta los 18 años: diez años de internamiento y tres de libertad vigilada.

"Entiendo que no hay pena suficiente para quien ha matado o violado a un familiar", admitió el fiscal de menores, reflexionando sobre quienes consideran banal la justicia de menores, para matizar que "la justicia debe superar la venganza" y que en ella debe primar la reeducación.

Hizo ver que por sus manos pasan "quinientos expedientes anuales y esos casos excepcionales no llegan a una veintena". La media anual es de 63 internamientos, frente a 500 medidas impuestas, añadió, y explicó que, en la medida de lo posible, se inclinan por las medidas de régimen abierto.

Lo preocupante, dijo, son los casos de menores en situación de desprotección, como los de minorías étnicas, los extranjeros no acompañados o los que carecen de familia o crecen en familias desestructuradas.

Jorge Fernández Caldevilla aclaró que, en el caso de la justicia de menores, "siempre es necesaria la realización en la fase de instrucción de un informe del equipo técnico", con el objeto de determinar la pena más efectiva en cada caso.