La clave es la amenaza de 23 especialistas en medicina interna de abandonar la sanidad pública asturiana si se les desposee de la plaza fija que obtuvieron hace cinco años. Esto es lo que ha llevado a la Consejería de Sanidad del Principado a solicitar que no se ejecute una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a repetir el segundo examen de un concurso-oposición en el que estos facultativos obtuvieron plazas en propiedad en diversos hospitales de la región. El Gobierno regional sostiene que aplicar esta resolución es inviable porque la asistencia sanitaria "se vería gravemente perjudicada al no disponer de suficientes especialistas de medicina interna para sustituir a los facultativos afectados por la sentencia".
La opción que el Principado ofrece como alternativa consiste en indemnizar "por la parte en que [la sentencia] no pueda ser objeto de cumplimiento pleno". La Consejería de Sanidad no especifica más, pero puede suponerse que se refiere a compensar a los dos facultativos que llevaron el caso a los tribunales tras concurrir a la oposición y ser suspendidos.
El Tribunal Supremo había anulado de forma parcial el proceso selectivo a causa de la filtración de preguntas a algunos opositores por parte de determinados miembros del tribunal calificador. Ordenaba que las actuaciones se retrotrajeran al inicio de la segunda prueba, consistente en dos casos prácticos, en los que se produjeron las irregularidades. Sanidad debería designar un nuevo tribunal, repetir ese examen y baremar de nuevos los méritos de los candidatos.
De los 23 afectados, seis trabajan en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y otros seis en el Valle del Nalón(Riaño); cuatro en el Hospital de Cangas del Narcea; tres en Cabueñes (Gijón) y otros tantos en el San Agustín (Avilés); y uno en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres).
¿Qué replica la otra parte? Los abogados de los dos médicos que impugnaron el proceso selectivo sostienen que la argumentación esgrimida por el Gobierno regional "raya en la mayor de las indecencias" y ha sido "fabricada" de forma "artificiosa" mediante "un apaño" entre la Administración sanitaria y los médicos afectados por la sentencia. A juicio de los letrados Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo, el fallo del Supremo es "perfectamente ejecutable desde el momento en que se dictó", por lo cual reclaman "el inmediato cumplimiento de lo dispuesto".
Este cruce de argumentos ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en pocas semanas deberá resolver a favor o en contra de ejecutar la resolución judicial, dictada el 23 de febrero de 2016. Si la decisión no satisface a alguna de las partes, el caso volvería de nuevo Supremo, e incluso podría llegar al Tribunal Constitucional.
Las expectativas de la Consejería de Sanidad se fundamentan en una sentencia emitida por el Supremo el pasado 14 de junio, referida a un proceso selectivo de 253 enfermeros en Extremadura. La decisión final del Alto Tribunal fue declarar la imposibilidad de aplicarla debido a que "los perjuicios que se causaría a terceros y Administración son notoriamente de mayor enjundia", por lo que "resulta desproporcionado ejecutar en sus propios términos la sentencia".
En rigor, la solicitud de no aplicar el fallo ha sido presentada por la Consejería de Hacienda y Sector Público, pero sobre la base de un informe elaborado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Sanidad es el Departamento que está llevando el peso de este caso. La argumentación de las autoridades sanitarias descansa sobre el hecho de que, en el caso de repetirse el segundo examen del concurso-oposición, el primer paso consistiría en "el cese inmediato como personal estatutario fijo" de los 23 aspirantes que han superado el proceso selectivo como condición imprescindible para que "puedan comparecer a la realización de la segunda prueba".
Si esto se hiciera así, prosigue la Administración sanitaria, el Sespa "se vería obligado a dar cobertura con carácter temporal a las 23 plazas que quedarían vacantes". En este punto, el escrito del Gobierno regional a los jueces pone sobre la mesa un hecho que califica de "determinante". Merece la pena reproducir la cita: "Los médicos especialistas en medicina interna afectados por el fallo han hecho saber a los responsables de la Dirección de Profesionales del Sespa que una eventual ejecución de sentencia con la declaración de nulidad de sus nombramientos como personal estatutario fijo y la pretensión del Sespa de que acepten continuar prestando servicios mediante un nombramiento temporal, hasta la repetición del proceso selectivo en la parte anulada, no contaría con su acuerdo ni aceptación".
Dicho de otra manera, los afectados por la sentencia han dicho que o siguen siendo fijos o que no se cuente con ellos. "El Sespa no podría imponer la suscripción de nombramiento eventual a quien se niegue a ello", continúa la Consejería, que completa su razonamiento señalando que tampoco sería posible buscarles sustitutos a causa de la "falta de disponibilidad de médicos internistas" en el mercado. "El interés público se vería gravemente afectado si hubiera que declarar el cese de todos los médicos aprobados y obligarlos a volver a opositar", concluye Sanidad.
La contraargumentación de los abogados Miguel Teijelo y Gerardo de la Iglesia en favor de que la sentencia del Supremo sí sea ejecutada puede resumirse en tres puntos. El primero, existe una "patente connivencia" entre la Administración sanitaria y los médicos "que ocupan ilegalmente las plazas" para conseguir que el fallo del Supremo no se aplique. El segundo, Sanidad está haciendo depender la ejecución de la sentencia de la "caprichosa, personal y subjetiva voluntad" de "los beneficiados por un proceso selectivo declarado ilegal". Y el tercer punto: en el caso de Extremadura, se habla de la "buena fe" de los opositores aprobados, que se vieron perjudicados por errores de carácter formal; pero en el caso de Asturias aprecian una "patente mala fe", hasta el punto de que "uno de los opositores compartía clínica privada con un miembro del tribunal".
