El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo presentó ayer su presupuesto para el próximo año, unas cuentas lastradas, insistieron todos los socios, por las deudas heredadas del PP, pero "históricas" en gasto social y empleo. Estos dos ejes, la dificultad de cuadrar las cuentas por el desequilibrio que supone el pago de 38 millones de euros derivados de procesos iniciados por la anterior corporación (las expropiaciones de Villa Magdalena y de Rodríguez Cabezas), y el esfuerzo para lograr aumentar las ayudas en gasto social y en generar empleo municipal, con una convocatoria inédita de 70 puestos de interinos, marcaron las intervenciones de todos los socios del tripartito.

Lo dijeron con distintas palabras ("herida de muerte", "losa", "cráter", "pufo"), pero todos ellos pusieron el acento, en primer lugar, en señalar al PP como el responsable de las estrecheces presupuestarias, de haber dejado al Ayuntamiento "al borde de la catástrofe" tras un "desmadre de gestión". La referencia a los populares fue por partida doble, porque también se acusó al gobierno central de cercenar la autonomía municipal con leyes como la de Estabilidad presupuestaria. El "robo", no obstante, no quedará impune. Según declaró la concejala de Izquierda Unida Cristina Pontón "desde este gobierno se aclarará quienes dejaron a Oviedo en toda esta situación, llegando hasta el ámbito patrimonial".

El alcalde, Wenceslao López, fue el primero en hablar, felicitando a sus compañeros y destacando las virtudes de la discrepancia interna. "Siendo diferentes, el acuerdo es posible". Algo similar diría después Ana Taboada: "en 24 años nunca se ha debatido tanto un presupuesto en este Ayuntamiento". Y los dos se felicitaron por el carácter "histórico" del acuerdo presupuestario, tanto por la oferta de empleo municipal como por ser, señalaron, "un referente nacional" en los denominados nuevos gobiernos del cambio.

En cifras, el presupuesto de 2017 suma 238 millones de euros, 26 más que el año pasado. Y a pesar de los 38 millones de euros que suponen las expropiaciones heredadas de la gestión anterior, el tripartito compensa esa carga con el resultado de algunas medidas nuevas, como el IBI a las grandes superficies, que supondrá 4 millones de euros más o los tres millones que se ahorrará la ciudad con la remunicipalización del servicio de Recaudación.

Casi cuatro millones de euros para crear 70 plazas de interinos, aumento de entre el cinco y el seis por ciento en gasto social e incremento del diez por ciento en becas de comedor, de ayudas a la compra de libros de texto o de atención temprana a las familias, son las principales bazas planteadas por el equipo de Gobierno.

Más tocado sale el capítulo de inversiones en el que el Ayuntamiento ha incluido una de las tres cubiertas de patio de colegios que quiere garantizar este año, mejoras del Tartiere o un millón de euros para asistencias técnicas, una herramienta que, ante las dificultades de personal, señalaron, les permitirá encargar proyectos este año de forma rápida con la vista puesta en su ejecución ya en 2018.