La crisis del cobro de impuestos en el Ayuntamiento de Oviedo volvió ayer a agravarse un poco más con dos nuevos autos que refuerzan la paralización de las oposiciones para el nuevo servicio de recaudación municipal y con la respuesta del alcalde, Wenceslao López (PSOE), que acusó a los jueces de crear "inestabilidad" con un proceso judicial que acumula ya ocho demandas distintas.
Los nuevos autos adoptan medidas cautelares en la misma línea que las ya decretadas por el Juzgado número 5 de lo Contencioso-Administrativo en la demanda de la asociación de trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, la empresa privada que gestiona en la actualidad el servicio. Uno de estos dos autos paraliza, en concreto, el proceso para las 6 plazas de administrativo que el juez había olvidado incluir en las primeras medidas cautelares adoptadas, un error del que el tripartito pretendía aprovecharse para seguir adelante el proceso sólo con estas plazas.
Sobre este supuesto "olvido del juez" al que hasta ahora se aferraba el tripartito, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias emitió ayer una aclaración explicando que los dos nuevos autos emanan de reclamaciones distintas a la ya conocida, y que otros juzgados de Oviedo están abordando otro puñado de demandas similares sobre las oposiciones.
Este lío de demandas y autos judiciales es, precisamente, el aspecto sobre el que el Alcalde de Oviedo se refirió en un tono duro en la tarde de ayer. "El tema de las demandas judiciales de recaudación es un proceso un tanto extraño y preocupante", declaró de entrada Wenceslao López antes de pasar al ataque directo contra los abogados que llevan las demandas y en referencia a los juzgados que están adoptando las medidas cautelares. Así, detalló, la "extrañeza" y la "preocupación" se deben a "la estrategia de quien ha montado las demandas", por "tratar de boicotear un proceso legal y democrático".
Sobre los autos que se han sucedido estos días afirmó que "es un tanto curioso que ocho demandas se resuelvan de forma independiente cuando deberían haberse acumulado para no dar esa imagen de diferencia de criterio". "Crea sensación de inestabilidad, o de preocupación", remató.
Además, aprovechó para reiterar que la remunicipalización de la recaudación recurrida en los tribunales "es un proceso totalmente legal", y, por contra, alegó, un informe de Sindicatura de Cuentas "sostiene que la gestión de tributos a través de una empresa no es del todo legal, no es rigurosa". Con parecidas palabras, el concejal de Economía, Rubén Rosón, también se refirió ayer a la prórroga de la contrata de recaudación que reclama el PP subrayando que sería "una ilegalidad" y dejando claro que esa opción está descartada. "No haremos eso", zanjó. Rosón aseguró también que el servicio de recaudación no corre ningún riesgo y que la próxima semana esperan despejar el sistema de gestión mixto, con el Principado, planteado para lanzar el servicio el próximo uno de enero.
