En el tan traído y llevado caso del cambio de nombres en las calles, suele ser referido el texto legal en el que se fundamenta como "Ley de la Memoria Histórica", simplificación popular y periodística de la, textualmente, "Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Largo nombre de una disposición polémica.
La exposición de motivos invoca enseguida "la voluntad de reconciliación, concordia y respeto a todas las ideas" antes de añadir su propósito "que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio"? Y ello, con el propósito de "contribuir a cerrar heridas". Expresiones que, a mi parecer, revelan de mano unas cautelas de mala conciencia, muy propias de la era Zapatero, para enfriar en lo posible su incendiaria parte dispositiva.
En su artículo 15, que es el que viene al caso, leemos: "Las Administraciones públicas (? ) tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
La ley dice dejar a salvo aquellos elementos que respondan a razones privadas, artísticas, arquitectónicas o religiosas. Algunos de los cambios que ahora se proponen creo que serían recurribles con la ley en la mano porque eliminan nombres que no caen en su ámbito temporal ni conceptual.
Hace siete años, en la "Comisión Municipal de la Memoria Histórica", fue estimado, con el debido asesoramiento y según la misma disposición, que el límite temporal a considerar por la Comisión empezaba con el levantamiento militar el 18 de julio de 1936 y no antes. Por ello, quedarían fuera de su ámbito, por ejemplo, nombres como los de Calvo Sotelo, Marcos Peña, Yela Utrilla, Ceano, Guillén Lafuerza incluso José Antonio. Introducir entonces el Jardín de los Reyes Caudillos hubiera producido un ataque de risa en todos los miembros de la Comisión.
De los nombres que los antiguos comisionados decidieron sustituir por votación mayoritaria, sólo se cumplimentaron tres, que sepa este comentarista. El primero y más llamativo eliminaba Capitán Almeida para dejar paso a Fernando Alonso, entonces prometedora estrella del automovilismo y de quién el entonces alcalde se declaró definitivo miembro de su club de fans.
Se observa, sin embargo, algunas coincidencias de las dos comisiones en suprimir una serie de nombres (con mi voto en contra y los de algunos comisionados más): Coronel Aranda, los comandantes Caballero, Vallespín, Bruzo y Janáriz -todos con brillante historial castrense-, Celestino Mendizábal, que había sido de la izquierdista FUE, Rafael Gallego Sáinz, Fernández Capalleja (medalla militar individual), el muy condecorado Rodríguez Cabezas, los heroicos tenientes Mariano Flórez y Alfonso Martínez, además de Alférez Provisional, Plaza de la Liberación?
Lo curioso es que los sitiados en Oviedo el 36 se alzaron como sedicentes defensores de la República. Y que sus sitiadores de entonces ¡fueron los mismos que se habían rebelado contra la República en el 34! Más curioso todavía es que se invoque la concordia y la reconciliación para eliminar nombres de un lado proponiendo los del otro.
Cuando, además de un cargo franquista con vitola de intocable por un lado, quedan vigentes por otro nombres como los de Indalecio Prieto o Teodomiro Menéndez, que es mi calle, quien trajo la convocatoria de la Revolución de Octubre en la cinta del sombrero.
Si no fuera por los ochenta años transcurridos de aquellos afanes de nuestros antepasados, uno pensaría que se quiere ganar una guerra después de haberla perdido.
